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Para el ente de control fiscal, la información requerida tiene que ver con la forma como se han invertido los recursos del orden nacional puestos a disposición de la empresa.
De acuerdo a Maya Villazón, a la Contraloría “le asiste competencia para vigilar y controlar tales recursos, sin que la solicitud a Electricaribe haya sido atendida con la oportunidad y diligencia que requiere la Contraloría para estos efectos, generando con ello que se hubieran tenido que programar controles diferentes”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el alto funcionario le manifestó al Superintendente José Miguel Mendoza Daza que la Contraloría no quedó satisfecha con la respuesta que Electricaribe entregó en respuesta al oficio del 13 de junio del 2017. “Dado que la misma no agotó los temas planteados en ella, los cuales eran de vital importancia para el normal y adecuado desarrollo de la Actuación Especial, situación que se constituye en una limitante al ejercicio del control fiscal”.
“Es fundamental profundizar y ampliar el análisis de la información de los usuarios, lo anterior dado a que no ha sido posible efectuar el proceso de obtención de información desde el año 2010 al 2014 de la facturación de los clientes de Electricaribe y así enfocarse en la revisión de detallada de las facturas”, dijo.
El primero de agosto quedó programada una nueva auditoría especial que la Contraloría General realizará a Electricaribe.
