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La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que en el Plan Nacional de Desarrollo tenga en cuenta la posibilidad de destinar recursos para atender la crisis carcelaria y el estado de cosas inconstitucionales (ECI) alertadas por el tribunal.
En el auto, la Corte especifica que la primera vez que detectó esta crisis fue en el 1998, cuando evidenció vulneraciones en las condiciones de los privados de la libertad en las cárceles del país, que fue solucionada meses más tarde.
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Sin embargo, desde el 2013, los magistrados llevan haciendo la advertencia para que el hacinamiento y las condiciones insalubres al interior de las cárceles sean atendidas urgentemente, pero no se ha dado manejo a la crisis, por lo que en 2022 emitieron nuevamente una alerta de ECI en el sistema carcelario.
En el llamado del 2022, la corte insistió en hacer reformas para mejorar el sistema penitenciario nacional. "La necesidad de reformular la política criminal, penitenciaria y carcelaria para que (i) sea racional, eficaz y coherente, (ii) exista articulación en materia administrativa y financiera, (iii) cuente con la concurrencia de entidades y sectores diferentes y (iv) no se apunte al mero aumento de la oferta de cupos”, asegura dicha sentencia.
Además, la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para atender las vulneraciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
"Adopción de las medidas necesarias para desbloquear las inercias administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de derechos cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales bloqueos persisten”, pide el documento.
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Por esto, los magistrados le pidieron al Gobierno Nacional que evalúe incluir la atención de las ECI al Plan Nacional de Desarrollo y que, una vez implementado el programa, envíe informes con los avances para solucionar esta problemática.
