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La decisión fue adoptada tras fallar una acción de tutela instaurada por el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, con el fin de que esa autoridad ambiental defina si está facultada para citar a los bogotanos a las urnas para que diriman si se deben o no construir obras de infraestructura en la reserva.
Ramírez, quien es gestor de la bancada ambientalista del Concejo de Bogotá, acudió a la vía de la acción de tutela luego de que la Alcaldía enviara un derecho de petición que carece de competencia para convocar el mecanismo de participación ciudadana.
El alto tribunal consideró que la omisión administrativa de la CAR vulneró el derecho de petición del concejal de la Familia, considerando que no resolvió su inquietud y su respuesta inicial no fue notificada en debida forma.
En consecuencia la autoridad ambiental deberá dar respuesta de fondo o informar la fecha en que el Consejo Directivo se reunirá para responder, en un término que no supere los 10 días, la notificación.
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