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Ante las denuncias hechas ante la Defensoría del Pueblo sobre abusos y consumo de sustancias como el bóxer por niñas de la comunidad Jiw, el alcalde de Puerto Concordia (Meta), Luis Roberto González, dijo que las denuncias están en poder de las autoridades como el ICBF y la misma Policía.
Fue el 7 de abril durante una visita del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, cuando las autoridades recibieron de manera directa las denuncias sobre la posibilidad de que las niñas del pueblo Jiw estaban siendo inducidas al consumo de bóxer para luego ser abusadas sexualmente de parte de hombres de la zona.
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“Miembros de la comunidad de un caserío denominado Tienda Nueva llamó para avisar a las autoridades que dos menores indígenas de 12 y 14 años, estaban en una casa con un hombre, donde se hallaron frascos de bóxer y a donde llegó la comisaría del municipio y la Policía a detener al presunto abusador”, contó el alcalde.
Dijo el mandatario que el hombre -que fue sorprendido en el caserío de Tienda Nueva en la vivienda con las niñas- fue entregado a la Fiscalía del Guaviare para su respectiva judicialización y que de manera inexplicable días después fue dejado en libertad.
Denunció el alcalde Luis Roberto González que la mayoría de hechos que afecta a los menores de estas comunidades, son porque sus mismas autoridades indígenas no actúan para atacar estos delitos dado que ellos tienen sus propias leyes y reglas.
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González confirmó que los indígenas Jiw tienen su asentamiento habitual en el municipio de Mapiripán pero por amenazas y hechos de seguridad contra sus integrantes y líderes, tuvieron que desplazarse hasta Puerto Concordia, también en el sur del Meta, donde se mantienen en condiciones inadecuadas porque aun no se logra el apoyo de la Nación para proteger sus derechos.
Dijo que se trabaja con diferentes instituciones para mejorar las condiciones en las que viven estos indígenas Jiw que llegaron a su municipios desplazados por la violencia.
