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La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Lucy Laborde Betancourt, amplió el panorama judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al imputarle seis nuevos delitos dentro de un proceso distinto al que ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los nuevos cargos formulados por el ente acusador son: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias y falso testimonio.
Según la investigación, los señalamientos se derivan de hechos que presuntamente ocurrieron durante su gestión como diputado del Atlántico, relacionados con convenios suscritos de manera irregular entre la Gobernación del departamento y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
¿Qué es Funcosocial?
Funcosocial, o Fundación Conciencia Social (Fucoso), es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito contribuir al desarrollo social de las comunidades menos favorecidas en la región Caribe de Colombia.
Según la Fiscalía, esta fundación aparece vinculada a los convenios presuntamente irregulares que habrían sido firmados entre la Gobernación del Atlántico y dicha entidad durante la gestión de Nicolás Petro como diputado.
La imputación incluye el delito de tráfico de influencias, en el que —según la Fiscalía— Petro Burgos habría utilizado sus influencias políticas para reunirse con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, con el fin de obtener 10 cupos dentro del Gobierno Nacional. Dichos cupos, de acuerdo con la fiscal Laborde, habrían sido distribuidos en Ciénaga (Magdalena), entre su esposa Daysuris Vásquez y un sector político de Barranquilla.
Respecto al delito de peculado por apropiación, la Fiscalía indicó que en el marco de los convenios se entregó un anticipo de 200 millones de pesos, de los cuales Petro y su exesposa Vásquez se habrían quedado con 120 millones, mientras que los 80 millones restantes habrían sido recibidos por Gustavo De la Ossa, representante legal de Fucoso, y otro funcionario implicado.
El organismo concluyó que el exdiputado se interesó indebidamente en los contratos para favorecer intereses personales y de terceros.
En total, la Fiscalía señaló que Nicolás Petro se habría apropiado de aproximadamente 511 millones de pesos, recursos obtenidos mediante anticipos pagados en cheques y efectivo, lo que marca un nuevo capítulo en las investigaciones que rodean al hijo del mandatario colombiano.
