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El Ministerio del Trabajo inició una actuación administrativa contra Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., luego de recibir una denuncia que advierte sobre el posible uso de personas en condición de vulnerabilidad en actividades de venta y promoción de productos bajo esquemas informales, sin las garantías laborales exigidas por la ley.
Según la información recopilada en la denuncia, las personas involucradas habrían sido empleadas como vendedores ambulantes y promotores visibles de marca, sin contratos formales, sin afiliación al sistema de seguridad social y sin una remuneración que cumpla con los estándares mínimos de dignidad laboral.
Las autoridades buscan establecer si estas prácticas encubren relaciones laborales reales y una eventual evasión de responsabilidades patronales.
La queja fue presentada por el abogado Óscar David Benavides Angulo, quien señaló que este tipo de modelos afectan principalmente a ciudadanos con limitadas posibilidades de defensa jurídica y económica.
“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, señaló Benavides Angulo.
Para el denunciante, se trata de una forma de precarización que beneficia a grandes compañías mientras traslada los riesgos del negocio a poblaciones empobrecidas.
En el marco del proceso, el Ministerio del Trabajo otorgó a las empresas un plazo de cinco días para presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren pertinentes.
“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó.
El proceso quedó en manos del Ministerio de Trabajo, que deberá determinar si existió una vulneración de derechos laborales, y si esas prácticas constituyen una forma de evasión de responsabilidades frente a poblaciones vulnerables.
De comprobarse esas irregularidades, las compañías podrían enfrentar sanciones económicas y la imposición de medidas correctivas conforme a la normatividad laboral vigente.
