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Este jueves en horas de la tarde el Concejo de Bogotá realizará un debate de control político en el que una vez más se discutirá el proyecto de construcción del metro elevado en la ciudad, una de las iniciativas de la administración de Enrique Peñalosa que más han despertado polémica.
Muchos son los temas que se han criticado del proyecto, pero recientemente el que más se ha tratado es la posibilidad de que la obra tenga graves sobrecostos, llegando a ser compararda con el escándalo de corrupción en Reficar.
El motivo de esto es que la Nación se comprometió a dar el 70% de los recursos necesarios para la obra. Sin embargo, los opositores del metro elevado aseguran que el Distrito firmó el Conpes a finales de 2017 sin conocer el costo final del proyecto, lo cual abre la puerta a que los mismos cambien a medida que se realiza la construcción.
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Esto es lo que afirma el concejal del Polo Democrático Manuel Sarmiento, quien aseguró a RCN Radio que todo este proceso se realizó de manera ilegal y que en la tarde de este jueves presentará las pruebas de ello:
"El Gobierno ha dicho que en septiembre del año pasado ya se contaban con los estudios de factibilidad. Pero hoy en el debate mostraré un oficio en el que el gerente de la Financiara de Desarrollo Nacional admite que los estudios con los que se aprobaron el Conpes eran una versión preliminar y que la versión completa apenas era entregada en agosto de este año".
El argumento de Sarmiento es que de acuerdo con la normatividad actual, toda financiación del Gobierno a proyectos locales se deben hacer una vez se entreguen los estudios de factibilidad de la obra. Sin embargo, al no ser los definitivos, se habría incurrido en un acto de ilegalidad.
Al respecto también se consultó al concejal Juan Carlos Flórez, otro de los opositores al proyecto: "Hoy hay un acuerdo entre la Nación y Bogotá para hacer un metro que es muy pequeño. Este metro nos va a salir más caro que el anterior. Vamos a gastarnos una plata muy grande que todavía no sabemos cuanto es porque los estudios no están finalizados".
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Y añadió: "La administración se niega a entregar informes acerca de los costos, lo cual es muy grave porque los hechos que han posibilitado la corrupción se asocia con que no se entrega toda la información a la ciudadanía. Para ello basta con recordar tres desastres de los últimos años: Reficar, Hidroituango y Chirajara".
Sin embargo, el Distrito en repetidas oportunidades destacó que todos los requisitos para firmar el Conpes se cumplieron en el tiempo estimado, entre ellos los estudios de factibilidad. Lo mismo dice la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad encargada de realizar los estudios, que salió a desmentir las versiones por medio de un comunicado:
"En septiembre de 2017, los estudios y diseños de ingeniería del proyecto ya habían alcanzado el nivel de factibilidad, lo que permitió cumplir a cabalidad con uno de los 10 requisitos que el Conpes estableció para la declaratoria de importancia estratégica del Proyecto, tal y como lo certificó el Ministerio de Transporte".
El concejal Sarmiento desmintió esta versión: "Esto no es cierto. Con este documento que presentaré queda comprobado. Creo que con esto es posible en algún momento frenar la obra porque se han venido sumando una serie de ilegalidades. En las próximas semanas interpondremos una demanda sobre el asunto".
Esta tarde se espera conocer la respuesta del Distrito que estará liderada por Andrés Escobar, gerente del proyecto y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
