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El menor extranjero de 17 años de edad que se había entregado ante las autoridades tras señalar que tuvo participación en el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, se evadió del centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se encontraba bajo protección. La situación generó un pronunciamiento inmediato de la Procuraduría General de la Nación, que rechazó la evasión y recordó que el adolescente estaba vinculado al proceso penal.
“El joven se encontraba recluido en un centro de emergencia del ICBF”, indicó la Procuraduría en su cuenta oficial de X (antes Twitter), refiriéndose a la importancia de su testimonio en la investigación por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
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A su turno se pronunció la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien respondió directamente a la publicación, precisando que el menor no estaba judicializado ni tenía medida de privación de la libertad. “No hay evasión porque no hay privación de libertad”, escribió, y explicó que el adolescente estaba en un proceso de restablecimiento de derechos por su condición de migrante no acompañado, en espera de ubicación familiar.
El menor se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía y había entregado información relevante sobre la planeación del ataque, convirtiéndose en una pieza clave del caso. Su testimonio se suma al de otro adolescente, de 15 años, quien fue judicializado como autor material del atentado y enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Hasta el momento, hay al menos siete personas vinculadas al caso, entre ellas alias “El Costeño”, señalado de coordinar la logística del ataque y de estar vinculado a estructuras criminales que utilizan menores en actividades ilegales.
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Este caso pone de relieve de nuevo el debate sobre el uso de adolescentes por parte de redes criminales y las medidas que deben tomarse para garantizar tanto su protección como su colaboración efectiva en procesos judiciales.
