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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, encontró responsable de corrupción al suspendido gobernador del departamento de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla.
La Sala de Casación Penal estableció que Carebilla se convirtió en un “mercader” de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a su cargo, al utilizarla como una “empresa particular” cuyo único objetivo fue su propio lucro, haciendo a un lado los deberes legislativos.
“Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, dice la Corte que lo condenó por los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
Dice la sentencia que el exrepresentante Carebilla Cuéllar “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos”.
Además se comprobó que “certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’ así como el arreglo de su vehículo automotor oficial y la financiación de gastos de campañas políticas en las elecciones locales del año 2007 en el departamento del Amazonas”.
La UTL “fue convertida en una empresa particular cuyo único objetivo fue el lucro, haciendo a un lado las funciones constitucionales y legales asignadas a Carebilla Cuéllar, para convertirse en un mercader, mancillando los fines constitucionales del poder legislativo que abarcan diferentes funciones como la constituyente; legislativa en sentido estricto; de control político; judicial; electoral; administrativa; de control público; y, de protocolo”.
“Estas fueron reemplazadas por conductas que deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor legislativa, razón por la que los ilícitos por los que se condena a Carebilla Cuéllar fueron realizados con intención y propósito de vender la función pública, alterar la verdad, de apropiarse de dineros del Estado así como la de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de sus funciones”, consigna la providencia.
La Corte compulsó copias a la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes contra allegados al dirigente político y la Unidad Nacional de Gestión y Parafiscales UPPG respecto a dos pensiones al parecer reconocidas ilegalmente, y al ministerio del Interior, para que disponga lo pertinente respecto a la Gobernación del departamento de Amazonas.
