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De las 574 denuncias por extorsiones que se han reportado en lo que va corrido de este año en Antioquia, 236 provienen de las cárceles, confirmó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
Al respecto, el mandatario propuso militarizar los centros carcelarios en el departamento para reducir índices de corrupción.
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Pérez insistió en que hoy a las cárceles del departamento ingresan celulares, armas, drogas, tortas y champañas por las porterías principales, razón por la que hay que determinar si esto se está logrando con ayudas de los guardianes.
"En el sistema carcelario no solamente tenemos problemas de hacinamiento, sino también de una total corrupción. A las cárceles entran celulares, tortas, droga y eso tenemos que resolverlo de alguna manera", indicó.
Y agregó: "Yo estoy mirando la posibilidad de que militaricemos las cárceles desde afuera para que se pueda controlar lo que está pasando en estos lugares".
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Por lo menos 90 exservidores públicos presos de la cárcel Bellavista de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, se declararon en huelga de hambre hace 15 días por temor a ser mezclados con delincuentes comunes o integrantes de bandas criminales, dado que fueron ellos -uniformados de la Policía y el Ejército-, los que en su momento, los capturaron.
La preocupación de estos detenidos está en que para solucionar la crisis carcelaria serían trasladados a la cárcel La Paz de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, toda vez que se convertirían en compañeros de celda, de quienes alguna vez ayudaron a recluir.
CIA y DEA en Bello
Entre tanto, grupos especializados de la Agencia Nacional de Inteligencia, CIA, y de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, trabajan en Bello en identificar quiénes de los capturados, encargados de recrudecer la violencia en el municipio, deberán ser extraditados.
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La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, confirmó que además tratan de identificar los inmuebles que deberán pasar a extinción de dominio.
Reiteró que este proceso se hace con el apoyo del Gobierno Nacional y se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos para determinar si los capturados trabajan con el apoyo de delincuentes de los Estados Unidos.
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