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Más de dos semanas después de la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, su familia expondrá ante la justicia la revictimización estatal. El lunes 2 de marzo, a primera hora, el equipo jurídico de los familiares radicará en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Gustavo Petro.
El abogado Manuel Vicente Villanueva, representante de la familia —encabezada por Yudy Katherine Pico, la madre del menor—, ya tiene lista la denuncia contra el mandatario, le confirmó a La FM. Su intención es presentarla el lunes en el Congreso. “No va a pasar absolutamente nada”, admitió sin embargo.
Si el Legislativo no echa a andar la denuncia, los Acosta Pico irán a la justicia internacional. Su objetivo es la solidaridad de la comunidad hacia la señora Pico, quien ha enfrentado a “todo el Estado”, dijo Villanueva. Además del jefe de Estado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también tendrá que responder.
La FM conoció que, luego de ciertos retoques a los documentos que examinarán las autoridades, el mismo 2 de marzo estarán en la Comisión de Acusación y en la Fiscalía sendas denuncias contra los funcionarios del Gobierno que han defendido, sin pruebas, que la muerte de Kevin ocurrió por negligencias de su madre.
El caso de Kevin Acosta
Kevin murió el viernes 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de que Nueva EPS, donde estaba afiliado, autorizara su traslado desde Huila. Su tratamiento médico había sido interrumpido, y solo las súplicas y publicaciones en redes sociales sirvieron para el traslado.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a cerca de doscientas organizaciones de pacientes, aseguró que la muerte del menor se debe al “abandono” de Nueva EPS. La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta.
No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que siguió el caso y le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
Fallas en la atención a Kevin Acosta y cadena de responsabilidades de Nueva EPS
El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina (Huila), un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes. Requería emicizumab, un medicamento que debía aplicarse cada veintiocho días y del que completaba dos meses sin recibir ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
Al día siguiente de la consulta, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó la señora Yudy Katherine. La consulta de hematología derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención integral, incluso en términos psicológicos, y que garantice la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
Mientras el presidente Petro y su ministro Jaramillo han culpado a Katherine Pico por dejar que su hijo montara bicicleta, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la garantía del derecho a la salud no depende de lo que los pacientes hagan o dejen de hacer. “El sistema de salud debe atender a todas las personas”, dijo.
“La garantía del derecho a la salud no puede estar restringida ni condicionada a comportamientos de los pacientes”, insistió Cuervo frente a la prensa, al tiempo que señaló que la Superintendencia de Salud tiene la orden del Ejecutivo de especificar quiénes tuvieron responsabilidad directa en el fallecimiento que indigna al país.
Ante la pregunta de si su colega Jaramillo tendría que responder por el deceso, Cuervo fue esquivo. “La Superintendencia Nacional de Salud tiene que establecer la investigación”, remarcó. El ente adscrito a la cartera sanitaria establecerá qué tanto tuvo que ver Nueva EPS. Cuervo calificó la muerte como una “tragedia”.
Choque político y revictimización desde el gobierno de Petro
El sistema de salud defraudó a Kevin, de siete años. Así lo explicó la Defensoría del Pueblo en un corto pronunciamiento sobre el caso del menor, que evidencia fallas de parte de la intervenida Nueva EPS. La Defensoría también se desmarcó de Petro y Jaramillo, pues señalar a la señora Pico es revictimizarla.
“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, escribió la entidad en un trino, en el que concluyó que “el cuidado es un derecho humano, igual que la salud”.
La defensora Iris Marín complementó que el sistema sanitario “no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance” ni de cumplir la ley. “Fallamos”, lamentó la constitucionalista. “Si no lo vemos así, se repetirá”, advirtió. “El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, zanjó el Ministerio Público.
El 19 de febrero empezó a correr un plazo de cinco días hábiles para que Nueva EPS entregara un informe sobre sus finanzas, con soportes, datos y medidas adoptadas frente al giro de recursos a las IPS. Así lo ordenó la Procuraduría General de la Nación seis días después del fallecimiento del niño con hemofilia A Severa.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió conocer el plan de trabajo que Nueva EPS ha diseñado para el cierre, la certificación, el dictamen y la aprobación de sus estados financieros de 2023 y 2024. El programa debe incluir la legalización de anticipos a la red prestadora de servicios de salud.
Aunque el Ministerio Público actúa como garante de derechos y órgano disciplinario, la vigilancia de las EPS le corresponde en principio a la Superintendencia de Salud. Nueva EPS tiene una superintendenta ad hoc por orden del Ministerio de Salud.
En octubre de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo posesionó a Bernardo Camacho como superintendente de Salud. El médico había sido interventor de Nueva EPS, lo que implicaba representación legal y presencia en la junta directiva.
Vigilancia institucional, conflicto de interés y reserva de la historia clínica
Jaramillo remarcó el conflicto de interés de Camacho en la entidad, así que desde entonces designó a una superintendenta ad hoc que se encargue exclusivamente de la EPS más grande del país, que atiende a unos once millones de usuarios.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, fue la primera en el cargo. Luego llegó Luz María Múnera, actual consejera para las Regiones, quien sigue en el puesto. La Procuraduría le reclamó.
El ente de control le pidió a Múnera “ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción” de Nueva EPS, de acuerdo con un comunicado oficial. La idea es evitar “poner en riesgo” la integridad de los pacientes y el destino de los recursos.
Durante un discurso en La Guajira el 17 de febrero, el presidente Petro leyó sin consentimiento la historia clínica de Kevin, que incluía un “documento de aceptación de la mamá” de no intervenir quirúrgicamente al menor luego de su caída jugando en bicicleta. Katherine Pico tuvo que explicar su decisión públicamente.
La madre de Kevin precisó que su postura se basó en el riesgo de una hemorragia severa por el tiempo que llevaba el niño sin tomar emicizumab. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, dijo el mandatario. Revelar la historia clínica es una vulneración grave a documentos con reserva legal.
A partir de las denuncias de Manuel Villanueva y la familia de Kevin, la Fiscalía, la Comisión de Acusación y la Superintendencia de Salud tendrán que determinar dónde estuvo la falla sensible de acabar la reserva de la historia clínica del menor. Las autoridades tendrán la última palabra sobre delitos y sanciones.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó, la última semana de febrero, unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. El ente investigador también analiza la necropsia que Medicina Legal practicó.
