La FM en Google News
El asesinato de la activista trans Victoria Strauss en Medellín, luego de que la Alcaldía activara la Ruta Urgente de Búsqueda porque sus seres queridos la vieron por última vez el 29 de septiembre, ha provocado indignación entre la comunidad LGBTIQ+. Según cifras de la ONG especializada Caribe Afirmativo, su homicidio fue el 59 de un miembro de la población en 2025.
Victoria le siguió en el listado al docente Luis Ernesto Sánchez, en El Cerrito, Valle del Cauca, el 26 de septiembre; la estilista Samantha, en Cali, el mismo día, y Shaira Patiño, en Tuluá, el 27 de septiembre. La violencia contra la comunidad diversa, principalmente contra la población trans, ha provocado el rechazo masivo de activistas y corporaciones dedicadas a su protección.
La Red Nacional Diana Navarro Sanjuan, una asociación que examina el panorama de derechos humanos de la población trans en Colombia, elevó una alerta advirtiendo que existe una "masacre sistemática", y que la cifra de más de cincuenta personas trans asesinadas en 2025 "no es una estadística", sino "la evidencia de una política de exterminio".
Para la Red, el Gobierno nacional incurre en omisiones "deliberadas" que ponen en peligro a las lideresas trans. Para hacerle frente a la emergencia, la organización pidió conformar un puesto de mando unificado que presida el presidente Gustavo Petro y que cuente con el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, y el de Justicia, Eduardo Montealegre.
Puede leer: Hallan cuerpo de mujer trans en Cajicá: investigan caso
Además, demandó la presencia "indelegable" del procurador general, Gregorio Eljach, y de la defensora del pueblo, Iris Marín. "Debe ser una instancia de alto nivel y no una simulación más", remarcó la Red en un comunicado. De acuerdo con la organización, entre 2020 y 2024, una persona con identidad de género u orientación sexual diversas fue asesinada cada dos días.
"Estos crímenes no son aislados, sino sistemáticos", le explicó a La FM la activista Darla González, coordinadora de la Red, lideresa social y exintegrante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. A menudo, cuenta González, los homicidios "se caracterizan por la crueldad, la sevicia", lo que implica que sus móviles son los prejuicios y el odio.
González sostiene que el Estado es "indolente", lo que se traduce en el incumplimiento de políticas públicas de protección para la comunidad trans, así como en arbitrariedades por parte de instituciones como la Policía. Las personas trans, especialmente las que ejercen el trabajo sexual, "sufren de manera sistemática hostigamientos, requisas arbitrarias, extorsión y violencia sexual".
La defensora de derechos humanos afirma que buena parte de la comunidad trans percibe a la Policía como "una amenaza directa". "La existencia de una política pública LGBT en el papel no representa una implementación real", añade, y describe al efecto de la negligencia del Estado como "una fachada de progreso" que "no corresponde con la realidad material de las personas trans".
"Esta brecha entre la norma y la realidad", sumada a la "bajísima" ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad —que apenas roza el 14%, según cifras que la cartera difundió como campaña cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió a Florián—, "perpetúa la desprotección y fomenta una profunda desconfianza hacia el Estado", remacha Darla.
Hace dos años, en septiembre de 2023, un mes después del asesinato a puñaladas de la mujer trans Susan Fernández en Medellín, el Ministerio del Interior adelantó junto a la red Diana Navarro, la Fiscalía, la Procuraduría, la Unidad de Protección, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, un 'Puesto de Mando Unificado por la Vida' (PMUV).
La Red subrayó en su comunicado que los compromisos del encuentro, que se enmarcaron a hacer seguimiento a los casos de violencia contra la población trans o fortalecer los sistemas de denuncia, "se han convertido en letra muerta". González añade que "ninguno de los puntos" acordados entonces se ha cumplido, lo que genera una sensación de abandono en la comunidad.
"Decimos que nos están exterminando bajo la mirada cómplice del Gobierno porque no hay acciones de prevención ni de atención reales, efectivas. No existe la materialización de ese discurso con el que (Gustavo Petro y Francia Márquez) llegaron al poder", narró la lideresa trans, quien además indicó que ve como una "política de Estado" la desaparición de la diferencia.
