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El Juez Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, Haisary Castaño Villa, se declaró impedido en el proceso que cursa contra el proyecto inmobiliario Aquarela, tras admitir la acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura, la Procuraduría General de la Nación y demás entidades coadyuvantes.
El togado, que desde finales del 2017 admitió el recurso presentado contra Aquarela y profirió medidas cautelares que derivaron en la suspensión actual de las obras, le dio traslado del proceso al Juez Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, quien deberá definir el futuro de esta construcción, que se encuentra a unos 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas.
El veedor César Cárcamo, presidente de la Red de Veeduría Derecho y Vida, confirmó que en oficio remitido por el Juez, con fecha del 17 de septiembre, le informó que trasladó el proceso a otro Juzgado, hecho que en su criterio dilata aún más la decisión de justicia.
"El Juez se declara impedido y dio traslado al proceso al Juez Décimo Primero Administrativo, cuando estábamos ad portas de que se fijará una nueva audiencia y en donde se habían hecho las respectivas aclaraciones y apelaciones. Esto es improcedente y dificulta una eficaz justicia", expresó.
Indicó que la decisión del togado deja en incertidumbre a la ciudad, que desde hace meses está esperando que se imparta justicia. Teme además que con el traslado ocurra que quien asuma el proceso, también se declare impedido.
"Ahora hay que esperar lo que diga el Juez que tiene el proceso y que tal si éste se declara impedido, entonces estarán los jueces en la ciudad tirándose la pelota y esto es preocupante", señaló.
Así mismo consideró que no haber proferido todavía una decisión afecta la ciudad y pone en riesgo la declaratoria de la Unesco.
"El hecho de que no se tome una medida está afectando la ciudad, porque sigue ese adefesio allí establecido y no hay forma de quitarlo, pero los que si se van a pronunciar son la organización internacional que nos dio desde 1983, el titulo de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y que lo podemos perder por no aplicar la norma", puntualizó.
El veedor señaló que espera que sobre esta situación haya un pronto pronunciamiento del Ministerio de Cultura y de la Procuraduría General de la Nación.
