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El Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá ordenó este viernes que Óscar Santiago Gómez Leal permanezca detenido mientras avanza el proceso penal en su contra por el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco. El juez consideró que hasta ahora existe evidencia suficiente para que Gómez permanezca en prisión, como había decretado una primera instancia.
La audiencia virtual se llevó a cabo más de un mes después de que el juez 67 de Control de Garantías legalizara la captura de Gómez, expareja de Blanco, y escuchara los argumentos de la Fiscalía para enviarlo a prisión. El ente investigador le imputó feminicidio agravado el 21 de agosto, el mismo día que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo arrestó, y Gómez no aceptó los cargos.
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De acuerdo con el juez de circuito, la medida de aseguramiento "no se sustenta con hipótesis infundadas", sino "con inferencia razonable de autoría o participación". Es decir, con las pruebas suficientes para en este momento suponer que Óscar fue el feminicida, "sin que ello signifique vulneración alguna al principio de presunción de inocencia".
El 26 de julio Laura y Óscar celebraron la graduación del joven. El agasajo llegó hasta Barrios Unidos, al apartamento en el que Blanco vivía sola. La pareja estaba con otras personas a quienes la Fiscalía ya ha considerado como testigos a lo largo del proceso penal. Ambos entraron a una habitación y discutieron, y aparentemente él luego la lanzó por la ventana.
La muerte ocurrió la madrugada del 27 de julio. Gómez ha sostenido desde entonces que Laura se aventó por la ventana. La familia de la comunicadora rechaza esa versión, y a sus reclamos de justicia se sumó oficialmente la Fiscalía. Medicina Legal encontró que tenía heridas previas a la muerte que indicarían que el ingeniero en sistemas la ahorcó y maltrató.
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Para el ente acusador, el episodio es el culmen de un ciclo de violencia que Óscar protagonizó en contra de la periodista de veintiséis años. "En múltiples ocasiones usted llamó a la víctima «prostituta», la reprendió por sus comportamientos como mujer, la llamó «gorda», la celó, le revisó el celular", señaló el fiscal Juan Camilo Caicedo en las audiencias preliminares.
La intención de Gómez era "degradarle (a Laura) en su dignidad humana", según argumentó el funcionario. Las indagaciones contra el encarcelado, quien apareció este viernes en la diligencia con uniforme naranja, tardaron casi un mes en surtir efecto. La Fiscalía logró una orden de captura que el CTI hizo efectiva en Engativá, en el occidente de Bogotá.
Al parecer, Gómez asfixió a Laura y, al dejarla en un "estado agónico", procedió a arrojarla al vacío desde la ventana del noveno piso en el que se encontraban, "obviamente con la voluntad y el conocimiento de cometer un feminicidio". Gómez ha escuchado los señalamientos junto a su abogado, Jhon Jairo Rosas, quien se opuso a la medida.
El juez 67 aseguró que la Fiscalía demostró "la inferencia razonable de autoría o participación" de Gómez en el crimen. O sea, la justicia alcanzó un grado de convencimiento que, aunque aún no sirve para condenar al presunto feminicida, sí permite inferir o deducir que pudo haber sido el responsable del delito que la Fiscalía imputó. Rosas opinó lo contrario.
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La relación de Laura Blanco y Óscar Gómez duró dos años. En ese período el presunto agresor tejió "un patrón de violencia que marcó la relación" hasta la muerte de la periodista, afirmó el fiscal. La defensa, en cambio, alegó que Blanco "no muere a causa de una asfixia", sino en camino al hospital. La familia de la víctima estuvo presente en todas las audiencias.
El caso continuará mientras Óscar siga detenido. La postura del juez de garantías fue clara: "Es triste que Laura Camila, una joven educada, haya sido sumisa a un hombre violento y machista", dijo. "Se despojó a sus padres de una hija y a un hermano de su hermana", agregó el togado, quien calificó al feminicidio de Laura como "algo irreparable".
Rosas presentó en la diligencia de agosto un recurso de reposición que el juez 67 de garantías rechazó enseguida, y uno de apelación asegurando que la medida de aseguramiento cuestionaba la presunción de inocencia en un momento procesal inadecuado. La segunda instancia no estuvo de acuerdo. Gómez, de veintisiete años, se expone a una pena de más de 41.
