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La jueza Cuarta Administrativa del Circuito de Cartagena, Maritza Cantillo Puche, declaró responsable al Distrito y a las sociedades Promotora La Concordia, Inversiones Villegas Vélez, Grupo Rodrigo Puente y J Villegas, por los perjuicios ocasionados a los compradores de viviendas de la urbanización El Rodeo, debido a la actividad volcánica de la zona que genera inestabilidad en el terreno.
Frente a este fallo, los residentes manifestaron su satisfacción debido a que la justicia, después de más de 8 años, les dio la razón ordenando al distrito y a los constructores pagar 57 mil 295 millones 129.888 pesos por daños materiales y morales a la comunidad.
“La sentencia nos da alivio frente a esa grave problemática que hemos tenido del deterioro de las calles por causa de un fenómeno de diapirismo y arcilla altamente expansiva. Hemos logrado, luchando con entes del gobierno, durante 20 años, llegar a un acuerdo para solucionar este problema. Esta indemnización que hoy nos aprueba la juez nos da alivio en ese continuo deterioro que vienen presentando las casas”, señaló Hernando Roncayo, uno de los habitantes afectados.
Sin embargo, pese a la orden emitida en la sentencia las autoridades y las compañías constructoras involucradas en el proceso, hasta la fecha, no les han hecho el pago de la indemnización.
“Hasta ahora no hemos tenido ni siquiera la presencia de las alcaldías en la zona, mirando a ver qué soluciones nos tienen. Antes se habían hecho y pese a que determinaron que la zona no era apta para construir, porque confluían estos fenómenos, la constructora hizo caso omiso y nosotros los habitantes somos los que recibimos ahora el perjuicio”, añadió.
Ante esta situación, que cada día se agrava más, varios residentes han tenido que mudarse debido al peligro de desplome que representan sus hogares. “Han tenido que mudarse porque han visto que sus intereses se han visto afectados. Del proyecto que todos compramos, como una gran oportunidad, se nos apagó la ilusión porque hemos encontrado una mina tapada, una serie de problemas que nos están afectando nuestros intereses y nuestra calidad de vida”, manifestó Roncayo.
En el fallo también se le da plazo de 20 días a los residentes que no estuvieron en la demanda colectiva presentada en 2010 para que se vinculen al proceso en el que más de 600 personas deberán ser indemnizadas por esta problemática que viene afectando al barrio desde 1998, por la actividad volcánica que hay en esta zona.
