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Desde el 7 de julio de 2025, los copropietarios de conjuntos residenciales en Colombia contarán con un nuevo mecanismo para acceder a las actas de asamblea y documentos no reservados. El Decreto 768 de 2025, en su artículo 2.2.8.18.12.1.7, establece que, si la administración se niega a entregar esta información, una orden de Policía emitida por el alcalde municipal o distrital será suficiente para exigir su entrega inmediata.
Esta medida busca reforzar el derecho de los copropietarios a conocer la gestión administrativa de su propiedad horizontal y evitar demoras o negativas injustificadas.
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¿Cómo solicitar el acta de asamblea?
El proceso comienza cuando el copropietario presenta una solicitud formal ante la administración del conjunto residencial. Si no recibe respuesta o la petición es rechazada sin una razón válida, puede acudir ante el alcalde municipal o distrital.
El Decreto 768 de 2025 dispone que, si el alcalde verifica la negativa, podrá emitir una orden de Policía dirigida al administrador o al consejo de administración, que deberá cumplirse de inmediato. Esta orden no requiere una sanción previa y tiene efectos obligatorios, con advertencia sobre las posibles consecuencias legales si no se cumple.
La norma se apoya en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, que ya reconocía el derecho de los propietarios a solicitar copias de actas y documentos que no tengan reserva legal. Lo nuevo es que, con este decreto, los alcaldes podrán intervenir directamente para garantizar el cumplimiento, sin necesidad de acudir a procesos judiciales o administrativos prolongados.
Facultades de los alcaldes y la Policía Nacional
El Decreto 768 de 2025 también otorga a los alcaldes la potestad de ordenar la intervención de la Policía Nacional cuando sea necesario asegurar la entrega de los documentos solicitados. Según el artículo 2.2.8.18.8.2, corresponde a los alcaldes “velar por la pronta ejecución de las órdenes de Policía y las medidas correctivas impuestas, así como apoyar la materialización de las decisiones en el proceso verbal abreviado”.
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Con esto, los mandatarios locales podrán garantizar la transparencia en la administración de los conjuntos y dar respuesta más rápida a las quejas de los residentes cuando no se les entreguen las actas o documentos requeridos.
Sanciones por incumplimiento de la orden
El decreto también establece sanciones económicas para quienes incumplan una orden de Policía. La multa tipo 4 equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), lo que para 2025 representa $759.200.
En la práctica, si un administrador o un consejo de administración se niega a entregar el acta de asamblea pese a la orden, deberá cumplir con la entrega y pagar la multa correspondiente.
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El Decreto 768 de 2025 adiciona un capítulo al Decreto 1070 de 2015 y reglamenta aspectos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Su propósito es fortalecer las herramientas de los alcaldes y de la Policía Nacional para intervenir en conflictos de convivencia y en situaciones que afecten la transparencia en la gestión de la propiedad horizontal.
Aunque no modifica la Ley 675 de 2001, esta nueva regulación refuerza su cumplimiento y da a los copropietarios una vía más directa para ejercer su derecho a la información en los conjuntos residenciales.
