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La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno de Iván Duque de promocionar a nueve generales vinculados con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia a comandancias del Ejército.
Entre los generales en cuestión figura el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados están investigados por 23 "falsos positivos" en 2005 cuando ejercía la comandancia segunda de la Décima Brigada Blindada.
Acompañado de su investigación, HRW presenta un documento firmado por Martínez Espiner correspondiente al pago de un millón de pesos a un informante por operaciones que resultaron con la muerte de dos civiles -entre ellos una niña- que se hicieron pasar como guerrilleros de las FARC.
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En Colombia, se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros en el contexto de la guerra con las FARC y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La ONU informó en 2011 de que se investigaban al menos 3.000 "falsos positivos" en una práctica "sistemática", aunque estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4.200.
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El año pasado la Fiscalía presentó 2.248 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del acuerdo de paz con las FARC.
La denuncia presentada por HRW indica que tres de los nueve generales promocionados están siendo investigados directamente, mientras que los otros seis por acciones de sus soldados.
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Además de Martínez Espinel, los otros generales son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
