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Para salvaguardar la vida de los empleados, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ordenó el cierre temporal de los juzgados y las salas de audiencias en los municipios de Cáceres y Tarazá, que están en alerta roja por la emergencia de Hidroituango.
Los términos de los procesos penales, civiles, laborales y de familia, fueron suspendidos hasta que el Dapard notifique que están dadas las condiciones para el retorno de los evacuados.
Según Jaime Jaramillo Jaramillo, director ejecutivo de la Rama Judicial en Antioquia, en dos carros escoltados por el Ejército Nacional, trasladaron a Medellín 600 cajas con el archivo histórico, el cual permanece bajo custodia debido a la importancia de los expedientes, especialmente de tipo penal sobre la criminalidad en esa región.
"Se hizo toda una logística para traer esos expedientes a través del Ejército, custodiados, obviamente, porque algunos están archivados pero otros están vivos, en especialidades civil, laboral, familia y penal. Con la logística que nos ofreció EPM, se trajeron en dos camiones del Ejército a la ciudad de Medellín", dijo el funcionario.
Las sedes de la Fiscalía en Cáceres y Tarazá también fueron cerradas de manera preventiva por la emergencia.
Sobrecostos
Las dos actas de Modificación 15 y 25 enumeran las obras adicionales para la aceleración del proyecto Hidroituango que costaron 127.113 millones de pesos.
Según EPM, esas nuevas labores hacen parte de un proceso de aceleración. Por lo que se agregaron otrosíes a los contratos con la constructora brasileña Camargo y Correa para evitar un retraso de dos años en la entrada en operación de la hidroeléctrica más grande del país.
Sobre la marcha se modificaron diseños y se definieron nuevas obras como la adecuación de vías, la construcción del tercer túnel llamado de aceleración y sellado de los dos primeros. Todo ello generó sobrecostos que llevaron a 11.4 billones de pesos el valor total de Hidroituango.
