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Con el liderazgo del viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, se llevó a cabo la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado, quien resaltó que el interés del Gobierno Nacional es proteger los intereses de las 450 mil familias ganaderas y mantener la sanidad del hato ganadero.
Expresó que con sorpresa recibió un documento por parte del presidente de Friogan, Armando José Daza, el cual no fue consultado con la junta y que buscaba imponer la firma del Gobierno para presentar un dudoso acuerdo de pagos de largo plazo, para saldar la deuda que asciende a $70 mil millones.
De hecho, Ricardo Sánchez, presidente de UNAGA y miembro de la junta del Fondo, con molestia llamó la atención sobre su total desconocimiento frente al contenido del documento.
“No podemos tomar decisiones en caliente, ni a las "patadas" cuando no tenemos certeza de un documento que nos pasó el presidente de Friogan como propuesta, esperamos poder analizarlo con nuestros financieros y abogados, pero insisto que no podemos tomar decisiones apresuradas”, explicó el viceministro Pineda.
El viceministro agregó que se hace necesario conocer de manera transparente la realidad financiera de Friogan, la cual debió ser expuesta el pasado 31 de marzo en su asamblea, pero no se logró tras ser frustrada por el señor Lafaurie.
Dijo que “no se puede hacer un acuerdo sin tener claros los números, no tenemos claro cuánto vale Friogan, y lo que no podemos es seguir desinformando, tenemos que ser sinceros, pero no con sofismas”, al señalar la desinformación que se ha creado en la opinión pública, especialmente por el presidente de Fedegán.
“Queremos que la empresa se salve pero lo que no podemos tolerar es que sean los ganaderos los que terminen pagando los malos manejos financieros con Friogan, pues el garante de la deuda de los frigoríficos es el Fondo”, agregó.
Igualmente, advirtió sobre la posición intransigente del señor Lafaurie en la junta, tras oponerse a someter a votación los acuerdos presupuestales para poder realizar el primer ciclo de vacunación 2016. “No podemos poner en riesgo el estatus sanitario libre de aftosa con vacunación que tiene el país. Y eso es más grave que poner en riesgo una empresa inviable que lleva varios años con problemas financieros”, puntualizó.
Los otros miembros de junta votaron a favor de los acuerdos presupuestales para mantener el próximo ciclo de vacunación que iniciará en mayo.
La Superintendencia de Sociedades como juez tiene ahora la palabra y se espera que este lunes 18 de abril se pronuncie sobre si acepta o no la ampliación del plazo que llevaría al rescate de la empresa o a su liquidación. El Ministerio de Agricultura acatará la decisión que se tome y continuará defendiendo los intereses de los ganaderos colombianos.
