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En una respuesta de 5 puntos, la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno contradijo el informe que entregó Amnistía Internacional (AI) en el que cuestiona el proceso de restitución de tierras y advierte de fallas en el mismo, especialmente, por no haber priorizado los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre intereses económicos.
Frente a las observaciones que hace AI sobre una excesiva lentitud en el proceso de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, responde la Unidad que devolver más de 180 mil hectáreas de tierra, en medio del conflicto, a más de 20 mil víctimas de despojo y abandono forzado en solo 4 años, marca resultados históricos a nivel mundial.
“No solo se le está devolviendo un pedazo de tierra a los colombianos, el Estado les está devolviendo su esencia, el fruto de muchos años de trabajo. Los procesos civiles agrarios en Colombia duran más de 20 años en resolverse. La restitución está marcando nuevas líneas de jurisprudencia agraria resolviendo conflictos de tierras en menos de 1 año”, señala una de las respuestas del gobierno.
AI también hizo alusión a las zonas de conflicto que se han generado en el resguardo Alto Andágueda (Chocó) y a la comunidad afrodescendiente de La Toma (Cauca) debido a la minería ilegal, como causa de desplazamiento forzado.
Al respecto, señaló la Unidad de Restitución de Tierras que es importante que AI reconozca que si no se han restituido los derechos territoriales de afros e indígenas, es por el incumplimiento de las medidas ordenadas por los jueces para la restitución de derechos territoriales que tienen en sus manos ambos casos.
Propiedad colectiva y legislación en materia minera
AI alerta sobre la falta de formalización de la propiedad colectiva y la legislación en materia minera que contrarían la política de restitución adecuada de tierras. En este punto, admite el gobierno que, en efecto, ha sido uno de los grandes problemas que ha debido enfrentar la URT.
“Estamos haciéndole frente mediante la construcción de la primera base de datos de tierras despojadas del país. Una herramienta construida por cientos de expertos catastrales que, a lo largo y ancho del país, realizan levantamientos topográficos y georreferenciaciones”, señala.
Seguridad
Otro de los puntos de preocupación de Amnistía internacional hizo referencia al riesgo constate al que se enfrentan los defensores de derechos humanos, relacionados con la política de restitución de tierras del gobierno para proteger su integridad.
A pesar de las cifras que registró AI sobre vulneraciones constantes a la seguridad de estas personas, responde el gobierno que ninguna persona restituida ha sido nuevamente desplazada de su propiedad y que el Estado ha conformado grupos especiales para garantizar la seguridad de las víctimas, lideres, funcionarios y organizaciones.
Responsabilidad penal
Hay ausencia de investigaciones penales sobre los responsables de las apropiaciones ilegales, advierte AI. Pese a ello, dijo la URT que se ha logrado neutralizar a enemigos de la restitución de tierras como: Benjamín Alvarado Bracamonte, José Vicente Cantero, Fabián Roldán, Leidy Sierra, Sor Teresa Gómez y Omar Montero Martínez.
Así mismo, añaden las respuestas del gobierno, “se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación en contra de 176 personas por posible fraude. Para ello, la Fiscalía ha dispuesto de un equipo para investigar dichos casos y, gracias a esto, se han registrado 56 capturas”.
Finalmente, otro aparte que se contradijo del informe sobre la restitución como un intento para garantizar los derechos territoriales de afros e indígenas y una presunta inactividad del Estado frente a la problemática de la tierra, el gobierno señala los siguientes avances:
• A la fecha, se han interpuesto 18 demandas en favor de comunidades étnicas. En estas demandas son reclamadas más de 328 mil hectáreas en beneficio de 10.370 familias (12 comunidades indígenas y 6 afro).
• Hasta el día de hoy, se han solicitado –por parte de la URT- y/o decretado – por los jueces de restitución de tierras- 19 medidas cautelares en favor del mismo número de territorios étnicos, con una extensión total de 552.773 hectáreas, protegiendo los derechos territoriales de 13.852 familias.
