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La consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, reveló que hay alerta en 184 municipios del país en los que se registra un alto riesgo de reclutamiento de menores, por parte de los grupos armados organizados.
La funcionaria señaló que “ya están identificados esos municipios. La Consejería hizo un análisis con una metodología y de la mano de las alertas tempranas de la Defensoría, tenemos referenciados esos 184 municipios en los que se hará una acción precisamente como protección a los menores”.
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La consejera recalcó que “este es un fenómeno preocupante por la acción de los grupos ilegales que han venido actuando y creciendo en esos territorios y lamentablemente esto tiene una afectación directa sobre los Derechos Humanos”.
De acuerdo con Nancy Patricia Gutiérrez, estos grupos ilegales no tienen en cuenta la pandemia y han usado la crisis para seguir con sus negocios ilícitos, entre ellos, el reclutamiento forzado.
Según el plan de acción de esa entidad, algunos de los municipios que registran alto riesgo para el reclutamiento de menores están en el Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Guaviare.
La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia trabaja de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en esas zonas, para evitar que se siga registrando ese delito.
Cabe recordar que este año la Defensoria del Pueblo ha emitido 26 alertas tempranas, de las cuales 17 involucran a menores de edad.
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Esta semana también se presentará un informe sobre las muertes de líderes sociales en el país y lo que rodea este fenómeno, liderado por grupos armados ilegales que delinquen en varios departamentos.
De otro lado, la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, en RCN Radio, pidió la máxima condena para los soldados que aceptaron haber abusado sexualmente de una menor indígena en el departamento de Risaralda.
En ese sentido, la funcionaria expresó que "fue un delito atroz, brutal por todas las condiciones. Primero, es una niña. Segundo, es de una comunidad indígena que requiere especial protección y tercero, es una violación grupal de los Derechos Humanos".
La consejera también enfatizó que "es algo absolutamente reprochable y nos queda pedir la mayor pena para esta gente a la justicia. Ya la Fiscalía está adelantando el proceso y también queda la colocación de las penas y la reparación para la niña".
