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En su cuenta de Twitter, la Comisión Colombiana de Juristas informó este miércoles que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tuvo que salir del país ante amenazas en su contra.
Según señaló el organismo, "hoy solicitamos ante la @CIDH medidas cautelares en favor del gobernador del Magdalena @carlosecaicedo, quien se vio obligado a salir del país el pasado 19 de agosto por un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para asesinarlo".
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Esta información llegó primeramente desde una fuente confiable al despacho del gobernador y fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, y ratificada por altos oficiales de la fuerza pública que sostuvieron una reunión virtual el día 17 de agosto con la fuente en mención.
Posteriormente, se conocieron algunos grafitis en la capital del Magdalena confirmando la presencia de estructuras urbanas de las autodefensas en barrios populares de Santa Marta, por lo que el mandatario de los magdalenenses tomó la decisión de salir del país el pasado 19 de agosto.
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Ante los hechos, se trasladaron la Comisión Colombiana de Juristas y el miembro de la junta directiva del movimiento Fuerza ciudadana, Rafael Martínez, hasta Washington para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del mandatario.
Así mismo, ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada la denuncia sobre los hechos, por parte de la alcaldesa distrital de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo, quien a través de redes sociales rechazó esta situación que prenden las alertas en el departamento y la capital.
“No están amenazando a Carlos Caicedo, sino a todo un pueblo, a las ideas de cambio que han sido respaldadas en democracia”, escribió en sus apartes Johnson.
A su turno, el secretario del Interior de la Gobernación, Adolfo Bula, sostuvo reuniones en Bogotá con los directores de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones para solicitar garantías que permitan el retorno seguro del gobernador al país, frente al hecho la fuerza pública aún no se ha pronunciado.
