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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga ratificó en segunda instancia un fallo de tutela contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por no garantizar el derecho a la información de los pequeños mineros afectados por la posible declaratoria de un área de reserva cerca de Santurbán, en Santander.
Según el tribunal, el Ministerio no dio respuestas claras y completas a las solicitudes planteadas por la comunidad minera.
El fallo resalta la falta de acceso y participación de la población en la decisión sobre la zona de reserva, que abarca el 98 % del territorio en seis municipios de Soto Norte: California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona.
La resolución llega justo antes del vencimiento del plazo, este 14 de febrero, para que más de 35.000 personas presenten comentarios sobre la propuesta del Ministerio.
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El proceso de tutela fue interpuesto por Ivonne Consuelo González, líder del Paro Minero y presidenta de Asomineros Vetas. La decisión judicial señala que el Ministerio de Ambiente, dirigido por Susana Muhamad, no respondió de manera adecuada a las consultas sobre las reservas temporales, el decreto 044, la formalización minera y otros temas discutidos en la mesa de diálogo del 5 de noviembre de 2024.
González enfatizó que la resolución ministerial, no solo afecta a la minería tradicional de la región, sino que además impone restricciones sin sustento técnico ni concertación. Según la líder, estas medidas desconocen derechos adquiridos y violan el Acuerdo de Escazú, promovido por la misma ministra.
El fallo judicial establece que González, en su calidad de firmante del Acuerdo de Formalización y Regularización Minera, presentó un derecho de petición ante el Ministerio exponiendo las preocupaciones del sector.
Sin embargo, la respuesta oficial careció de información precisa y sustancial, lo que vulneró el derecho a la información de los mineros.
La dirigente también cuestionó la postura del Ministerio de Ambiente, que recientemente recibió a grupos ambientalistas con un trato preferencial, mientras que en octubre de 2024 ignoró una manifestación de 1.500 campesinos y mineros que protestaban contra la declaratoria de reserva.
Este descontento desembocó en un paro minero que movilizó a más de 100.000 personas en ocho departamentos del país. El fallo del Tribunal Superior se suma a las advertencias de la Gobernación de Santander, las alcaldías de los municipios de Soto Norte, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Estas entidades señalaron inconsistencias técnicas y legales en la propuesta de reserva y cuestionaron la interpretación del Decreto 044 de 2024, que podría afectar significativamente la actividad minera en varias regiones del país.
