Fallas en la coordinación y ausencia de censos: las alertas de la Defensoría tras el terremoto

La defensora del pueblo, Iris Marín, planteó la necesidad de avanzar en el censo de damnificados y establecer albergues que cuenten con condiciones mínimas para recibir a quienes perdieron sus viviendas.
La funcionaria explicó que actualmente existen registros de personas fallecidas y desaparecidas, pero advirtió que presentan inconsistencias.
La funcionaria explicó que actualmente existen registros de personas fallecidas y desaparecidas, pero advirtió que presentan inconsistencias. Crédito: AFP / Colprensa

La Defensoría del Pueblo habló en entrevista con La FM y pidió avanzar en el censo de las personas afectadas por el terremoto en Chocó y Risaralda, así como en la organización de los albergues y la distribución de las ayudas. La defensora explicó que el censo formal ya comenzó a levantarse y señaló que este registro permitirá identificar a los damnificados y sus necesidades mientras continúan las labores de atención.

La funcionaria explicó que actualmente existen registros de personas fallecidas y desaparecidas, pero advirtió que presentan inconsistencias. Por esa razón, indicó que es necesario consolidar la información mediante el censo formal, proceso que, según la información recibida en los Puestos de Mando Unificado (PMU), ya había comenzado en ambos departamentos.

“En este momento hay un registro que presenta a veces algunas inconsistencias de personas muertas y de personas desaparecidas”, afirmó la defensora.

Según explicó, el censo permitirá avanzar hacia el Registro Único de Damnificados, que será utilizado para evaluar los daños y orientar las acciones posteriores de reconstrucción. También señaló que esta información resulta necesaria para definir las atenciones humanitarias que requieren las personas afectadas.

La defensora indicó que no necesariamente se esperaba que el censo estuviera terminado tres días después del terremoto, debido a la cantidad de información que debe ser recopilada. Sin embargo, señaló que sí era necesario haber iniciado el proceso para establecer quiénes requieren atención y cuáles son sus necesidades.

“Sí era urgente empezarlo a tomar”, manifestó al referirse al levantamiento del censo en las zonas afectadas.

¿Qué encontró la Defensoría en Quibdó?

La funcionaria relató que estuvo en Quibdó y conoció la situación de personas que perdieron sus viviendas como consecuencia de un deslizamiento en el barrio Futuro 1. Según explicó, algunas de ellas no habían tenido contacto con instituciones para recibir atención humanitaria.

La defensora señaló que la falta de un censo formal en ese momento también dificultaba establecer una respuesta institucional para estas personas. Algunas habían podido trasladarse a las viviendas de sus familiares, mientras que otras, según relató, no tenían dónde ir.

“Apenas se había abierto un albergue el día de hoy es viernes, el día miércoles allí en Quibdó”, explicó la funcionaria, quien también se refirió a las condiciones de ese espacio.

Ante esta situación, planteó la necesidad de avanzar en el censo de damnificados y establecer albergues que cuenten con condiciones mínimas para recibir a quienes perdieron sus viviendas.

“Es importante avanzar en el censo, establecer unos albergues en condiciones mínimas”, afirmó.

La defensora también relató que estuvo en Dosquebradas y encontró una organización diferente en los albergues. A partir de estas visitas, señaló que la coordinación entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales resulta necesaria para atender a las personas mientras se completa el proceso de identificación.

¿Cómo se deben controlar las ayudas para los damnificados?

Al ser consultada sobre los mecanismos para garantizar la transparencia en la entrega de ayudas, la defensora planteó dos herramientas. La primera consiste en respetar las instancias de coordinación establecidas para atender la emergencia.

La funcionaria explicó que las ayudas deben canalizarse mediante la sala de crisis o el PMU, espacios en los que participan las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Señaló que la organización permite hacer seguimiento a las acciones y evitar que las ayudas se distribuyan de manera desarticulada.

“Es importante que toda ayuda se canalice por la vía de la sala de crisis”, sostuvo.

La defensora explicó que la propia entidad cuenta con atención psicosocial y otras ofertas para las comunidades, pero señaló que si estas acciones se realizan sin coordinación, se dificulta establecer un control sobre la respuesta.

También mencionó problemas de coordinación en Risaralda. Según relató, durante su participación en el PMU observó disposición por parte del gobernador y del alcalde, pero indicó que no existía un nivel suficiente de articulación entre ambas administraciones.

“Estamos viendo que estos canales no siempre se están cumpliendo”, manifestó.

La segunda herramienta señalada por la funcionaria es la participación de los organismos de control. Mencionó a la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como entidades que participan en estos espacios.

El objetivo, explicó, es garantizar que exista una trazabilidad sobre los procesos relacionados con las ayudas. “Que haya una trazabilidad realmente de todos estos procesos y canales de ayuda”, indicó.

¿Qué dijo la Defensoría sobre la coordinación entre alcalde y gobernador?

La defensora explicó que en Risaralda se había establecido una organización para mejorar la coordinación entre el municipio y el departamento. Según indicó, por propuesta de la Procuraduría se acordó que durante las mañanas se realizara el PMU del municipio y durante las tardes el del departamento.

También se estableció que el municipio enviara un delegado al PMU departamental durante la tarde. La funcionaria señaló que esta medida ya se estaba implementando.

Sin embargo, explicó que todavía era necesario mejorar el intercambio de información y la toma conjunta de decisiones relacionadas con las personas afectadas por la emergencia.

La defensora señaló que no se estaba entregando toda la información con el nivel de coordinación que requiere la atención de las comunidades y pidió superar las diferencias existentes entre las autoridades.

“Ahí hay que desprenderse de todas las situaciones pasadas, diferencias políticas y realmente ponerse en función de la gente”, afirmó.

La funcionaria insistió en que la coordinación entre las distintas entidades es necesaria para que las personas afectadas reciban respuesta mientras avanza el levantamiento del censo. También reiteró la importancia de que los organismos de control hagan seguimiento a los procesos relacionados con la entrega de ayudas.

¿Ya comenzó el censo de damnificados?

Sí. Según la información entregada por la defensora, el censo formal comenzó a levantarse en Chocó y Risaralda. Este proceso permitirá avanzar en el Registro Único de Damnificados y establecer las necesidades de las personas afectadas.

¿Qué pidió la Defensoría sobre las ayudas?

La Defensoría pidió que las ayudas humanitarias sean canalizadas mediante las instancias de coordinación, como las salas de crisis y los PMU, para facilitar el seguimiento de los procesos y evitar acciones desarticuladas.

¿Por qué es importante la coordinación entre las autoridades?

La defensora señaló que la coordinación institucional permite compartir información, tomar decisiones conjuntas y organizar la atención de las personas afectadas. También pidió superar las diferencias entre autoridades para concentrar las acciones en las necesidades de la población.


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