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Un llamado al Congreso de la República en el nuevo periodo legislativo, que se avecina alrededor de la discusión de la reforma a la salud, hizo el grupo multidisciplinario de exministros y ex viceministros de salud y protección social, en una carta donde prendieron las alarmas frente a la crisis que vive el sector de la salud en el país.
Afirmaron que el país entra en una nueva etapa de la discusión sobre la salud, a partir del próximo 20 de julio, cuando el Senado de la República asume el análisis del Proyecto de Ley 410 de 2025, que recoge la propuesta de reforma al sistema de salud inicialmente radicada y aprobada como Proyecto 312 en la Cámara de Representantes.
“En este nuevo periodo legislativo, el Congreso tiene la responsabilidad histórica de corregir el rumbo. A él, y al país, le pedimos actuar con grandeza, responsabilidad y apego a los principios que deben guiar toda política pública en salud: universalidad, equidad, solidaridad, progresividad y sostenibilidad”, indicaron.
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Además pidieron realizar un debate amplio y a conciencia con la participación de todos los actores del sistema de salud en el país.
“Les instamos a convocar audiencias públicas con expertos independientes, exigir estudios de impacto fiscal certificados, y garantizar un debate técnico que trascienda las presiones políticas del momento. La historia juzgará este momento. Quienes hoy toman decisiones sobre el sistema de salud serán recordados por proteger o destruir uno de los mayores logros sociales de Colombia. No hay salud sin instituciones. No hay bienestar sin respeto a los derechos. No hay reforma legítima sin participación real”, manifestaron.
En la carta además afirman que es importante el llamado a la institucionalidad, al respeto y a la sensatez.
“En forma paralela, se ha anunciado un nuevo proyecto sobre competencias territoriales que incluirá al sector salud. Además, el gobierno ha realizado una consulta a los agentes del sistema -no dialogante y poco productiva- sobre un proyecto de decreto para adoptar los cambios que pretende hacerle al sector, aun cuando con ello esté abiertamente en contra de normas vigentes como las leyes 100/1993, 1122/2007, 1438/2011 y la Ley Estatutaria de Salud de 20152", explicaron.
Señalaron que les preocupa el intento de reformar el sistema mediante decreto: “Esto además de ser jurídicamente inviable, sienta un precedente peligroso para la democracia colombiana. La dimensión de la crisis de la salud se refleja en situaciones alarmantes: citas diferidas, procedimientos cancelados, desabastecimiento de medicamentos, EPS en riesgo financiero, deudas del sistema superiores a los 10 billones de pesos y un déficit estructural de la UPC que supera el 16%. Estas no son cifras abstractas; representan vidas en riesgo y sufrimiento evitable”.
Afirmaron que como grupo multidisciplinario de exministros y ex viceministros de salud y protección social, reiteran su compromiso con el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y con la defensa del orden constitucional, legal e institucional que lo garantiza.
“Nuestros pronunciamientos anteriores han sido escuchados por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, congresistas de distintas bancadas y amplios sectores sociales. Lamentablemente, el Gobierno Nacional ha mantenido una actitud de desatención y falta de diálogo democrático, y constructivo. Hoy reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades nacionales del sector salud, al Congreso de la República y a la sociedad colombiana en el sentido de ratificar que el deterioro del sistema de salud real y profundo, producto de su desfinanciación deliberada, afecta hoy a millones de colombianos que enfrentan barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos y cierre de servicios”, subrayan.
Dijeron que a esto se le suma el aumento de las tutelas lo que a su vez agrava la situación de pacientes, hospitales, clínicas, EPS, farmacéuticas y operadores logísticos.
“La reforma en trámite no resuelve estos problemas, tampoco tiene aval fiscal, cronograma de transición, ni garantiza continuidad en tratamientos, como hemos advertido en múltiples documentos”, señalaron.
A su vez aseguraron que el respeto a la institucionalidad democrática no es negociable. Las reformas estructurales en salud deben tramitarse dentro de los marcos legales y constitucionales vigentes.
“Desconocer la división de poderes, sustituir funciones del legislador mediante decretos reglamentarios o ignorar fallos judiciales, constituye una amenaza al Estado de Derecho. El cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional es un imperativo jurídico y ético. Las órdenes sobre la financiación suficiente del sistema y el pago de deudas acumuladas no pueden ser ignoradas ni supeditadas a los vaivenes fiscales o a las decisiones políticas”, explicaron.
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En la parte de la sostenibilidad financiera del sistema dijeron que es hoy el punto más crítico.
“Se requiere una solución inmediata al desfinanciamiento estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos, sin la cual es estéril cualquier discusión sobre reformas. La protección del seguro de salud individual, la continuidad de la atención y la eficiencia en el uso de los recursos públicos deben ser garantías mínimas de cualquier propuesta. Diluir responsabilidades, suprimir la UPC o volver al subsidio a la oferta sin criterio técnico, significa retroceder décadas en equidad, calidad y cobertura”, advirtió.
Fueron enfáticos en manifestar que rechazar toda forma de agresión verbal, estigmatización o desinformación por parte de funcionarios públicos hacia senadores, pacientes, profesionales de la salud o ciudadanos que expresen argumentos críticos.
“La democracia exige debate, no ofensas ni descalificación. También requiere veracidad en los datos. La necesidad de un plan de salvamento inmediato es imperativa. Mientras se discuten reformas, el sistema requiere una inyección urgente de recursos y medidas de estabilización para evitar el colapso en los próximos meses. Cada día de inacción profundiza la crisis humanitaria. Exigimos que cualquier reforma se base en evidencia técnica rigurosa, incluyendo estudios actuariales independientes sobre el costo real de la UPC, análisis de impacto territorial diferenciado, y evaluación de experiencias internacionales comparables. Las decisiones sobre la salud de 50 millones de colombianos no pueden basarse en ideología sino en ciencia”.
El grupo multidisciplinario de exministros y ex viceministros de salud y protección social, reafirmó la necesidad de una convocatoria nacional amplia y respetuosa, que permita construir una política de Estado en salud.
“No basta con promesas de cambio; se requiere una verdadera conversación plural, con evidencia, sin imposiciones, sin sofismas, sin regresiones”, puntualizan.
