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El Juzgado Primero Especializado dejó en libertad a 13 personas, entre ellas cinco familiares del representante a la Cámara por las víctimas del Meta y Guaviare, William Aljure, y al exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque, tras considerar que no había una "inferencia razonable" para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, como lo solicitó la Fiscalía, que los investiga por su presunta participación en la deforestación de más de 52.000 hectáreas entre 2008 y 2026 en áreas circundantes a parques nacionales y zonas de especial protección ambiental de la región.
Durante la audiencia, el juez señaló inconsistencias en la investigación y cuestionó aspectos de la imputación presentada por la Fiscalía, por lo que el fallo reseñó que no se encontró una conexión clara "que permitiera sostener la existencia de una organización criminal", tal como lo argumentó el ente acusador.
También destacó que la defensa presentó documentos sobre la tradición de los predios y las denuncias formuladas por las mismas personas capturadas sobre la deforestación en la zona.
Aunque reconoció la gravedad del daño ambiental investigado, indicó que, "con los elementos expuestos en esta etapa procesal, no se encontró una 'inferencia razonable' que permitiera atribuirles el delito de concierto para delinquir".
En una investigación liderada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), se halló una presunta organización criminal "que habría acaparado ilegalmente 60 baldíos de la Nación, equivalentes a más de 165.000 hectáreas".
Puntualmente se menciona que se habría deforestado más de 52.000 hectáreas de bosque para construir 68 kilómetros de vías ilegales que facilitaban actividades agroindustriales y ganaderas desarrolladas de forma irregular.
De acuerdo a las autoridades, estas acciones provocaron "graves afectaciones ambientales en ecosistemas estratégicos ubicados en áreas de influencia de los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Nukak y Serranía de Chiribiquete", considerados fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la regulación climática.
Sobre estos hechos, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, indicó que la deforestación en Colombia está asociada a redes criminales que obtienen beneficios económicos mediante el despojo, el acaparamiento de tierras y la destrucción de los bosques.
Afirmó que "estas estructuras, en algunos casos, tendrían alcances transnacionales".
"Detrás de ella hay redes de poder, despojo y acaparamiento de tierras que obtienen ganancias a costa de nuestros bosques, nuestra agua y el patrimonio ambiental de todos los colombianos", agregó.
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Qué denunció el representante a la Cámara por las víctimas, William Aljure?
Que la detención arbitraria de sus familiares afecta su buen nombre y cuestionó las supuestas pruebas del caso.
¿Quiénes son los familiares del congresista que quedaron en libertad?
Badid Aljure Peña (hermano), Tufit Aljure Peña (hermano), Anafda Aljure Peña (hermana), Loris Aljure Peña (hermana) y Dumar Aljure Martínez (sobrino).
¿Por qué quedaron en libertad las 13 personas investigadas por deforestación en Meta y Guaviare?
Porque el Juzgado Primero Especializado concluyó que la Fiscalía no presentó una "inferencia razonable" suficiente para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario
¿Qué hechos investiga la Fiscalía en este caso?
La Fiscalía investiga una presunta red dedicada al acaparamiento ilegal de tierras y a la deforestación sistemática en Mapiripán (Meta). Según la investigación, entre 2008 y 2026 se habrían deforestado más de 52.000 hectáreas de bosque para construir vías ilegales y desarrollar actividades agroindustriales y ganaderas en zonas de especial protección ambiental, incluidas áreas de influencia de varios parques nacionales.
