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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) fue interpuesta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación al Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A., más conocido por sus siglas CGR, por cometer tres presuntos delitos en la operación del relleno sanitario Doña Juana.
Según lo informó el Distrito, se trata del incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010 que, tras casi doce años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados, donde se incluía el mejoramiento de la planta de tratamiento de lixiviados (PTL), lo cual no se ha llevado a cabo e incluso está en peores condiciones de lo que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.
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La alcaldesa López puntualizó las razones y los delitos por los que se impondría esta acción judicial en contra del operador del relleno sanitario de Doña Juana, que se encuentra ubicado en la localidad deCiudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
"En primer lugar, peculado por la presunta apropiación indebida de $163.000 millones de pesos que hemos pagado los bogotanos para que se haga ese tratamiento sin hacerlo; segundo, presunto delito fraude a resolución judicial, porque hay una decisión en firme jurídica que lo obliga desde el año 2018 a hacerlo, que ha incumplido y desconocido. Y, tercero, un presunto fraude procesal porque CGR en audiencia pública, acudió al Tribunal Superior de Cundinamarca a ofrecer información falsa", aseguró la mandataria.
Agregó que "los bogotanos estamos siendo víctimas de corrupción y abuso por parte del operador del Relleno Sanitario CGR, los bogotanos le hemos pagado durante cuatro años la porción de la tarifa que debe usar para construir una planta de tratamiento de lixiviados para que estos residuos no lleguen al rio Bogotá y Tunjuelo y contaminen".
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La funcionaria concluyó que, con el propósito de garantizar los derechos de los bogotanos ha solicitado que tanto la Fiscalía como la Cámara de Comercio de Bogotá brinden las garantías necesarias con el fin de que se haga el proceso adecuado para que la empresa CGR cumpla con las obligaciones contractuales.
A la Fiscalía, para que de celeridad a la investigación y a la Cámara de Comercio, para que asegure que la designación de los Tribunales de Arbitramiento sea legal y transparente.
