Desplazados en el Catatumbo reclaman seguridad para volver a sus tierras

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por el fenómeno de desplazamiento en la región del Catatumbo.
Comunidades desplazadas en el Catatumbo por combates entre el Eln y Epl en Hacarí.
Comunidades desplazadas en el Catatumbo por combates entre el Eln y Epl en Hacarí. Crédito: Cortesía

Según el último reporte de La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), han salido desplazadas aproximadamente 600 personas, entre ellas 270 niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en zona rural del municipio de Hacarí (Norte de Santander).

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La población afectada que ha sido reubicada de manera temporal en el Colegio San Miguel, del casco urbano del municipio de Hacarí, le pide al Gobierno atención integral y seguridad para retornar a sus viviendas.

"Desde el 31 de octubre salimos de nuestras casas y no sabemos cómo están nuestras cosas, nuestros animales y familias (...); Estamos preocupados por lo que está pasando, los combates son muy fuertes y por eso estamos pidiendo al Gobierno que se comprometa con la seguridad y la inversión en territorios" expresaron varios habitantes de la región del Catatumbo.

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Los niños afectados por este fenómeno también claman por retornar a sus viviendas y escuelas, tras asegurar que "queremos llegar a nuestras casa a jugar con los animales. Volver a la escuela para aprender, no queremos más guerra queremos vivir en paz".

Entre tanto, la Defensoría Regional del Pueblo en la provincia de Ocaña, aseguró que se continúa denunciando por parte de los pobladores del municipio de Hacarí, explosiones y ráfagas de fusil en inmediaciones de las veredas Limoncito, Mesitas y Agua Blanca.

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Asimismo, organismos internacionales están alertando sobre posibles desplazamientos en curso desde las veredas Juntas, Limoncito, y Castrillón, lo que prevé aumento en el número de personas afectadas.

Allí se estima que cerca de 400 personas de la vereda Castrillón presentan restricciones a la movilidad, por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

Las autoridades están a la espera de que la Cruz Roja, ongs y la Iglesia Católica, autoricen la conformación de una comisión humanitaria que ingrese a la zona para verificar el estado de las comunidades.


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