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Un presunto caso de acoso laboral sistemático, posibles represalias contra funcionarios y la supuesta eliminación de pruebas al interior del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) fue denunciado ante el Concejo de Bogotá por el concejal Leandro Castellanos, quien pidió la intervención de organismos de control para investigar lo ocurrido.
Según lo expuesto por el cabildante, desde 2024 varios funcionarios de la entidad habrían presentado denuncias contra Hugo Cortés, jefe de la Oficina de Asuntos Locales, por presuntas conductas de acoso laboral reiterado, abuso de autoridad, extralimitación de funciones y conflictos de interés.
De acuerdo con los testimonios recopilados, estas situaciones habrían generado un ambiente laboral hostil dentro de la entidad, caracterizado, según los denunciantes, por presiones, persecución y amenazas de traslado contra quienes decidieron reportar los hechos.
“Lo que está ocurriendo en el IDRD es gravísimo. No solo hablamos de acoso laboral, sino de posibles actos de encubrimiento, eliminación de pruebas y una institucionalidad que estaría fallando en proteger a sus funcionarios. Bogotá merece respuestas y acciones inmediatas”, afirmó Castellanos.
Uno de los aspectos más delicados del caso, según lo expuesto, es la presunta eliminación de un audio correspondiente a una reunión del Comité de Convivencia Laboral, en la que se habrían tratado elementos clave relacionados con las denuncias.
Además, el denunciante señaló que las situaciones habrían tenido consecuencias graves para algunos de los afectados. Una de estas personas habría intentado atentar contra su vida en medio del entorno de presión y deterioro emocional que “se vive dentro de la entidad”.
El concejal pidió a los organismos de control la apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas, así como garantías de protección para los denunciantes.
Respuesta del IDRD
Frente a estos hechos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aseguró que se tomaron las medidas pertinentes para investigar cada caso y establecer la veracidad de los mismos, “conforme a la normatividad vigente desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos”.
“El Instituto activó los protocolos institucionales y remitió el caso al Comité de Convivencia Laboral, garantizando en todo momento el debido proceso, la confidencialidad y la trazabilidad de las actuaciones. Dicho Comité ha actuado dentro del marco de sus competencias, promoviendo espacios de diálogo y conciliación. Dado que esta instancia no tiene facultades sancionatorias ni Jurisdiccionales, cualquier decisión en ese sentido corresponde a las autoridades competentes”, cita la misiva.
En relación con el servidor mencionado, el IDRD informó que continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta que se demuestre que es culpable de algún hecho.
“El Instituto reafirma su compromiso con la protección de sus servidores, la promoción de entornos laborales seguros y el respeto irrestricto por la legalidad, la transparencia y los principios del servicio público”, puntualiza el comunicado.
