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El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella recibe una de las reformas más polémicas de la administración de Gustavo Petro: la reforma laboral, convertida en la Ley 2466 de 2025. Aunque durante la campaña y el debate político se ha planteado la posibilidad de reversar algunas de sus medidas, el Presidente no puede simplemente derogar mediante decreto una ley aprobada por el Congreso.
Expertos consultados por La FM explicaron que el margen de maniobra del Ejecutivo, sin embargo, no es inexistente. El economista Mauricio Olivera considera que el Gobierno puede comenzar a actuar en materia laboral sin abrir inmediatamente una nueva batalla legislativa, mientras que el profesor de la Universidad Javeriana Carlos Adolfo Prieto Monroy advierte que Colombia necesita una transformación más profunda de sus normas laborales.
¿Puede el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogar la reforma laboral?
La principal clave jurídica está en diferenciar entre reglamentar una ley y modificarla o derogarla. La Constitución establece que corresponde al Congreso hacer, reformar y derogar las leyes. El Presidente, por su parte, tiene la potestad reglamentaria para facilitar su cumplimiento.
Por eso, Abelardo de la Espriella no podría tumbar por decreto la Ley 2466 de 2025. Para modificar sustancialmente sus disposiciones tendría que impulsar un nuevo proyecto ante el Congreso. Una excepción serían unas eventuales facultades extraordinarias otorgadas por el Legislativo, pero estas deben ser temporales, precisas y cumplir las condiciones establecidas por la Constitución.
Olivera considera que esa batalla no debería ser necesariamente una prioridad inmediata. Al referirse a las reformas que tendría que impulsar el nuevo mandatario, afirmó: “el gobierno de Abelardo de la Espriella puede hacer muchas cosas antes de tener que ir al Congreso”.
En el caso laboral, su diagnóstico es crítico frente a la reforma de Petro: “Desafortunadamente, la que hizo Petro va contra el mercado laboral y los trabajadores”, dijo. No obstante, planteó que existen medidas que pueden ejecutarse desde el Ejecutivo para mejorar las condiciones del mercado sin desmontar inmediatamente la ley.
Productividad, SENA e informalidad: el camino que plantean los expertos
Para Olivera, una de las primeras apuestas debería estar en la productividad y en la formación de trabajadores. “El gobierno puede fortalecer el SENA buscando la pertinencia y la empleabilidad”, señaló, al advertir que una parte importante de los empleadores no encuentra trabajadores con las competencias que necesita.
Su propuesta apunta a que el Gobierno actúe sobre la capacitación y la conexión entre educación y empleo mientras define si resulta conveniente presentar una nueva reforma laboral. En su concepto, esta última debería concentrarse especialmente en uno de los grandes problemas estructurales del país: la informalidad.
Prieto Monroy coincide en que el sistema requiere una transformación, pero considera que el desafío va mucho más allá de reversar las medidas aprobadas durante el gobierno Petro. Según el profesor, “la legislación laboral colombiana necesita una actualización urgente”, debido a que el Código Sustantivo del Trabajo entró en vigencia en 1950, en un contexto económico y social muy diferente al actual.
El académico sostiene que una eventual nueva reforma debería revisar integralmente las normas laborales para responder a fenómenos como la transformación tecnológica, las nuevas formas de empleo y la inteligencia artificial. “No simplemente una reforma paramétrica”, plantea, sino un análisis de fondo que permita identificar nuevas modalidades de trabajo y establecer reglas adecuadas para ellas.
¿Qué escenarios tendría el nuevo Gobierno?
El primer escenario sería mantener la reforma laboral vigente y concentrarse en su reglamentación y aplicación. Esta alternativa permitiría al Ejecutivo mostrar resultados sin asumir de inmediato el costo político de una nueva disputa con el Congreso.
El segundo sería presentar un proyecto para modificar algunos de los puntos más controvertidos de la Ley 2466, estrategia que exigiría construir mayorías parlamentarias y negociar con sectores políticos y sociales.
El tercero sería impulsar una reforma laboral integral, como plantea Prieto Monroy. En ese caso, el objetivo no sería únicamente desmontar la legislación de Petro, sino rediseñar el marco laboral colombiano para reducir la informalidad, proteger derechos y adaptarlo a las nuevas formas de trabajo.
Olivera, en todo caso, advierte que el Gobierno debe escoger cuidadosamente sus prioridades: “el gobierno, como decía Juan Carlos Echeverry, no tiene una ametralladora para disparar 300 reformas; tiene una o dos balas”. Así, la reforma laboral podría llegar al Congreso, pero no puede ser tumbada unilateralmente por decreto. El verdadero debate será determinar si el nuevo Gobierno opta por ajustes administrativos, modificaciones puntuales o una transformación completa de la legislación laboral.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Puede Abelardo de la Espriella derogar la reforma laboral de Petro por decreto?
No. La reforma laboral fue aprobada mediante una ley, por lo que su modificación o derogación sustancial corresponde al Congreso de la República.
¿Qué puede hacer Abelardo de la Espriella en materia laboral sin pasar por el Congreso?
El Gobierno puede adoptar medidas administrativas relacionadas con la aplicación de la legislación vigente, además de fortalecer programas de capacitación, productividad y empleabilidad a través del SENA.
¿Qué propone Mauricio Olivera sobre la reforma laboral de Colombia?
Olivera plantea priorizar la productividad y fortalecer el SENA para mejorar la pertinencia de la formación y la empleabilidad, mientras se define una eventual nueva reforma laboral.
¿Por qué Colombia necesita una nueva reforma laboral?
Carlos Adolfo Prieto Monroy señala que la legislación laboral requiere una actualización para responder a la informalidad, las nuevas formas de trabajo, los cambios tecnológicos y la transformación del mercado laboral.
