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Un profundo rechazo genera la denuncia de presuntos abusos sexuales cometidos contra varios niños en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.
Los hechos, que involucran a un docente señalado de agredir sexualmente a los menores, provocó la movilización de ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos activistas que exigen justicia y respuestas inmediatas.
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En medio de la indignación social, la Asociación Colombiana de Defensores de Familia informó que varios funcionarios del Centro Zonal San Cristóbal fueron víctimas de agresiones físicas y retención forzada por parte de algunos manifestantes, quienes los señalaron como responsables o cómplices del caso.
En diálogo con RCN Radio, Leonel Barreto, presidente de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia destacó este pronunciamiento. “Rechazamos las agresiones sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Nos dedicamos todos los días en nuestros despachos precisamente a proteger los derechos de los niños y niñas que nos son reportados. Aquí nada tiene que ver el defensor o sus equipos”, expresó.
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Según la Asociación, durante la jornada de protesta en el Centro Zonal San Cristóbal, algunos defensores de familia fueron cercados e impedidos de salir de las instalaciones. Uno de ellos permanece hospitalizado por las lesiones recibidas, mientras que otra funcionaria adelanta las denuncias correspondientes por los hechos.
“Por lo tanto, deploramos, rechazamos y exigimos del Gobierno Nacional que se garantice la seguridad para que los defensores y las defensoras de familia en todo el territorio nacional, que permanentemente somos agredidos, tengamos la seguridad para cumplir nuestra labor y nuestras funciones en garantía de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, explicó.
Acodefam aclaró que los defensores de familia no administran ni contratan personal en las instituciones del ICBF. Su función, recalcaron, es intervenir en los casos reportados para garantizar la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
“Hoy tenemos un compañero en una clínica recuperándose de la golpiza que le dieron y otra compañera que está atendiendo precisamente las diligencias para presentar las denuncias correspondientes por las agresiones de las que fue víctima”, añadió Barreto.
El caso de abuso infantil está siendo investigado por las autoridades competentes. Mientras tanto, el llamado de la comunidad sigue siendo que se haga justicia por las víctimas y se tomen medidas para evitar que hechos tan graves vuelvan a repetirse.
