Corte Constitucional ordenó al Gobierno mejorar atención en salud mental

La Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Pretelt, le ordenó al Gobierno realizar un plan de seguimiento a la prestación del servicio de salud mental frente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Para el alto tribunal los esfuerzos por intentar garantizar el derecho a la salud mental de las víctimas han sido insuficientes, por lo cual ordenó al Ministerio de Salud tomar todas las medidas pertinentes para garantizar la rehabilitación de aquellas personas que hayan sufrido hechos de violencia generalizada.

Entre las órdenes impartidas se encuentran “emprender un plan de verificación y seguimiento de la prestación del servicio en salud mental y salud sexual de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, realizar visitas de verificación a las entidades prestadoras de servicios en salud mental y salud sexual, rendir un informe respecto de las acciones adelantadas por las instituciones encargadas de la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en relación con la prestación de estos servicios”.

Asimismo, señaló la Corte Constitucional que la mayoría de las víctimas de graves actos de violencia son diagnosticadas con un desorden por stress post traumático, ya que si bien pueden sufrir otras patologías, desde el punto de vista colectivo los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales, afectando las redes sociales y comunitarias, por lo que el tratamiento de salud mental de las víctimas debe ser especializado.

Agregó el alto tribunal que los efectos psicológicos de graves violaciones a los derechos humanos pueden multiplicarse a través de una revictimización por una deficiente reacción del Estado, por lo que recordó que la salud mental es un derecho fundamental y del que se debe garantizar su protección diferenciada y la imposibilidad de excluir de su cobertura los padecimientos relacionados con la sanidad mental.

La decisión la tomó la Corporación al conocer el caso de una mujer y su hijo menor de edad, quienes fueron sometidos a esclavitud doméstica en su propia vivienda durante siete meses por parte de miembros del grupo "las Aguilas Negras”.