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La Contraloría General de la República le sigue la pista a todos los contratos relacionados con el sector salud, que se han firmado en medio de la emergencia sanitaria que ha ocasionado la propagación de la COVID-19 en el país.
En una sesión informal, ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República, la contralora delegada para el sector de la Salud, Lina María Aldana, afirmó que hasta la fecha se han firmado 76.000 contratos, por un monto de 2,2 billones de pesos y advierte que en algunos ya se han detectado posibles sobrecostos.
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“De esos 76 mil contratos, se han analizado once mil, que están relacionados con la COVID-19, y esos contratos tienen presuntos sobrecostos por un valor superior a los 80.000 millones de pesos”, afirmó la funcionaria del ente de control.
Las irregularidades se habrían presentado en nueve departamentos del país. Por ejemplo, en el municipio San Antonio, en el departamento del Tolima, se habrían comprado tapabocas un 71,5 % más caros; en Ocaña, se adquirieron antibacteriales un 61,9 % más costosos, y en el Valle se compraron overoles de bioseguridad un 64 % más caros, según el órgano de control fiscal.
Otro caso se presentó en el Casanare, con Electromedicina SAS para comprar camas y camillas hospitalarias, pues el organismo encontró 24 camas hospitalarias pagadas cada una a 11 millones, cuando en el mercado había las mismas camas de cinco movimientos por 8,4 millones de pesos.
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Por otra parte, la funcionaria mostró su preocupación por los recursos que debe transferir el Gobierno Nacional al sector de la salud, por la Ley de Punto Final y es que de los cuatro billones que ya fueron girados, solo han llegado a las EPS 780 mil millones de pesos.
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