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La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $9.573 millones en un proceso relacionado con la compra de los primeros 40 carrotanques adquiridos por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a la empresa Impoamericana Roger S.A.S.
Según el organismo, la empresa “sobrestimó el valor de los vehículos en la cotización y no ejecutó prestaciones obligadas”, mientras que algunos pagos se hicieron “sin que existieran soportes de cumplimiento”. Los carros, además, fueron recibidos en enero de 2024, pese a que debían haberse entregado en noviembre de 2023.
En este caso, el ente de control decidió imputar responsabilidad fiscal a título de dolo contra la empresa proveedora. También fueron vinculados Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres.
La Contraloría resaltó que el FNGRD sí distribuyó los vehículos en 2024 y que actualmente están prestando servicio, por lo que archivó la actuación relacionada con el incumplimiento de la finalidad social del contrato.
El cálculo del detrimento tuvo en cuenta reintegros realizados en el proceso penal adelantado por la Fiscalía. Tras esos pagos, el posible daño quedó en $1.708 millones, correspondiente al mayor valor de mercado pagado por los vehículos.
Irregularidades en segundo contrato por otros 40 carrotanques
En otro proceso, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $12.579 millones por irregularidades detectadas en la compra de otros 40 carrotanques adquiridos mediante una Orden de Proveeduría suscrita entre el FNGRD y la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú.
Esta contratación se realizó en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó acciones urgentes para garantizar el acceso al agua en La Guajira y atender a la población Wayúu.
La Contraloría señaló la existencia de una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, que habría derivado en un detrimento por sobrecostos frente a precios de mercado, pagos por mantenimientos “que no fueron efectivamente prestados” y valores adicionales por fallas en la planeación y ejecución del contrato.
En este proceso se imputó responsabilidad a título de culpa grave a Olmedo de Jesús López Martínez, a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y a la Corporación Yapurutú como proveedor.
El organismo decidió archivar la actuación a favor de Carlos Alberto Carrillo Arenas, actual director de la UNGRD, al verificar que los carrotanques contratados ya se encuentran en funcionamiento.
