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Según lo explicó la directora de la Unidad de Tierras en el Chocó, Adith Bonilla, la solicitud de dicha medida cautelar tenía como fin la protección de los territorios.
“El objetivo de la medida cautelar es salvaguardar a las comunidades étnicas, indígenas y negras de los tres municipios por las reiteradas violaciones a los derechos que ha generado la confrontación armada del ELN y las autodefensas gaitanistas y con esto cobijamos a 541 mil hectáreas que favorecen a 37 mil personas”.
Bonilla agregó que se requiere estabilizar el territorio para que sus habitantes no sigan desplazándose, pues en los últimos tiempos ya se han desplazado mas de 2000 personas en este sector del Chocó.
“Era necesaria este medida preventiva para que cese el daño que se esta llevando a cabo en el territorio y vulnerando los derechos de estas comunidades”.
La medida cautelar genera las siguientes ordenes a distintas estancias del Gobierno nacional:
La creación de la Comisión Interinstitucional encabezada por la Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Chocó; Unidad de Víctimas; Unidad Nacional de Protección; Gobernación del Chocó y las alcaldías municipales; entre otras. Su función será articular la gestión, atención y cumplimiento de las órdenes emitidas en esta medida cautelar.
Se adoptan varias medidas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección atendiendo el carácter colectivo y étnico de las comunidades que se encuentran en condiciones de riesgo por cuenta del conflicto armado en la región
Dentro de las medidas de protección se ordena a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó informar la posible situación de alta contaminación de la cuenca del río Baudó y sus afluentes, así como la influencia en la salud de los habitantes de los territorios étnicos de Alto, Medio y Bajo Baudó
Se ordena a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, que en coordinación con la Gobernación de Chocó y las alcaldías municipales de Alto, Medio y Bajo Baudó, y con previa consulta y aprobación de dichas comunidades, sean diseñadas y formuladas la estructuración y el desarrollo de un programa para la sustitución de cultivos en los territorios étnicos. Para que esto pueda llevarse a cabo, se vincula al Departamento de Prosperidad Social (DPS) para el diseño e implementación de proyectos para la agricultura y la producción de alimentos.
