La FM en Google News
Las comunidades campesinas del corregimiento de la Llana zona rural del municipio de Tibú denuncia que el ELN y disidencias de las Farc los obligan a realizar el pago de extorsión, todo depende la producción que se logre en la zona.
Un cultivador de palma dijo a La FM de RCN Radio "estamos cansados de pagar al ELN y Disidencias de las Farc,, por eso nos reunimos el pasado 25 de septiembre en el polideportivo del colegio de la Llana en donde elaboramos un comunicado solicitando ayuda, porque nos sentimos desprotegidos".
Le puede interesar: Negociación con el ELN: Cuarto ciclo de diálogos ya fue instalado en Caracas ¿Qué se sabe?
"Somos una región pacífica, pero autónoma en la toma de nuestras propias decisiones, la región está poblada por gente campesina, en su mayoría pequeños productores, que sólo quieren progresar en paz, venimos observando con gran preocupación el espíritu y el actuar competitivo entre las Farc y el ELN por demostrar quien se impone y domina en nuestra región".
Así mismo, dice el comunicado, que las comunidad no está de acuerdo con el pago de cuotas o impuestos, ya que hacerlo los convierte en objetivo militar y económico de los diferentes actores territoriales.
La población considera que los conflictos en las comunidades se resuelven y se resolverán en las instancias comunales creadas para tal fin (Comisiones de Convivencia y Conciliación), igualmente solicitan a las organizaciones presentes en la región, abstenerse de involucrar a la población civil en sus disputas de poder y territoriales.
Lea además: La nueva protesta de la oposición contra el gobierno Petro: "Prende una luz por Colombia"
Consideran que no pueden expulsar a nadie de la región, sin el consentimiento de las comunidades.
Así mismo, consideran que los horarios de tránsito de vehículos y de peatones; y los horarios de funcionamiento de establecimientos comerciales son establecidos por cada Junta de Acción Comunal y no por los grupos armados.
Igualmente indican "solicitamos a las organizaciones abstenerse de realizar retenes dentro del perímetro de nuestras comunidades con el objetivo de pedir documentos personales o vehiculares y de ejecutar hostigamientos en los centros poblados, o donde se ponga en riesgo la vida de civiles".
Las normas de comportamiento dentro de las comunidades son creación de las mismas y deben ser acatadas por quienes viven o transitan el territorio, sin excepción.
Lea aquí: Secuestran un ingeniero ambiental en Ocaña, Norte de Santander
Argumentan que no han delegado ninguna representación y vocería como comunales en ningún proceso social, llámese Ascamcat, Asumcat, MCC, CISCA, por lo que esperan que cualquier participación en las diversas instancias (incluidos los diálogos de paz) sea convocada y consultada con los organismos comunales de la región (Juntas y Asojuntas).
En la actividad económica lícita, es el productor quien decide a qué se dedica, y es la comunidad quien mediante los diferentes comités (incluido el ambiental) establece las normas regulatorias y sancionatorias.
Exigen el no reclutamiento de menores para integrar sus organizaciones, pues estas decisiones deben ser tomadas por personas adultas.
Piden a las organizaciones abstenerse de exigir impuestos a empresas que ingresen a construir obras civiles en la región.
El comunicado puntualiza "exhortamos a las organizaciones para que respeten las normas comunales, incluida esta, igualmente la dignidad, la integridad y la vida de los habitantes de este territorio y de sus líderes; en el entendido de que se está actuando bajo los principios y utopías tantas veces promocionados, defendidos y sostenidos por las fuerzas progresistas".
