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A lo largo de la historia, en Colombia se han conocido muchos casos en los que inescrupulosos aprovechan los datos de personas fallecidas para obtener dinero a través de subsidios, o incluso para votar en las elecciones. Muchas veces las entidades de control han puesto en evidencia estas prácticas.
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Este miércoles se conoció un nuevo caso que se suma a esta lista. Por lo menos 176 personas que fallecieron hace varios años aparecieron en el año 2021 como beneficiarias del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y lanzado para la reactivación económica de Bogotá tras la crisis por la pandemia. De esas 176 personas fallecidas, 38 figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo.
Así lo estableció la Contraloría de Bogotá D.C. tras una auditoría de cumplimiento a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la que se determinó que esos beneficiarios del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ tenían registro civil de defunción, algunos de ellos de hace más de 20 años.
“Se ha dado traslado inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”, manifestó el Contralor Auxiliar, Carlos Orlando Acuña.
En la vigencia 2021 la Secretaría de Desarrollo Económico reportó un total de 91 contratos con cargo al proyecto 7863 (para el mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá D.C.) por valor de $67.640.009.754. De esos 91 contratos, se tomó una muestra de 18 contratos cuyo valor asciende a $63.755.840.964, que equivalen a 94% respecto del valor total de la contratación realizada con recursos del proyecto.
El programa ‘Empleo Joven’ que a su vez hace parte del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ contiene cinco metas, entre las que se encuentran generar 80 mil empleos para personas en general, 70 mil empleos para mujeres, 50 mil empleos para jóvenes y formar al menos 50 mil personas en bilingüismo.
Adicionalmente, busca vincular laboralmente a 15 mil jóvenes entre los 18 y 28 años, con un beneficio equivalente al 55% de los costos laborales asociados a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) hasta por tres meses por cada joven contratado, por tanto, entrega un total de 45 mil beneficios.
El equipo auditor de la Contraloría de Bogotá D.C. solicitó a la Registraduría Distrital la verificación de las bases de datos de defunciones con el ánimo de cruzar la información con los beneficiarios del proyecto y al hacer ese ejercicio se constató que 176 personas beneficiadas por el programa de empleo tenían las cédulas canceladas por muerte y otra decena tenían cédulas canceladas por otras razones.
La Contraloría de Bogotá D.C. formuló un hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $94.327.079 con presunta incidencia disciplinaria y penal por falta de control sobre la base de datos de la población beneficiaria, al determinar presencia de personas con identificación cancelada por muerte y otras razones.
El programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tenía como objetivo principal mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la población vulnerable.
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En general, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró que ese programa, adelantado con recursos del Distrito, provenientes en parte de un crédito y de una adición presupuestal, no fue focalizado y por lo tanto los dineros no se dirigieron a población vulnerable, que eran personas en condición de discapacidad, jóvenes que ni estudian ni trabajan –NINI- y madres cabeza de hogar.
La Contraloría de Bogotá D.C. también encontró que con el programa ‘Empleo Joven’ que hace parte del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ la Secretaría de Desarrollo Económico benefició a 10 grandes empresas, cuando el objetivo era subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas. En efecto, 10 grandes empresas recibieron 380 subsidios.
