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Andrés Rugeles, secretario de Transparencia de Presidencia de la República y alcalde encargado de Santa Marta, intentó explicar por qué personas ingresaron a las instalaciones de la Alcaldía de esa ciudad y tapó las cámaras de seguridad, hecho que la Procuraduría investigará.
"Inicié funciones como alcalde encargado el pasado jueves y, ante algunas advertencias de seguridad, solicité a la Dirección Nacional de Inteligencia que se realizara un procedimiento de seguridad, es algo absolutamente rutinario cuando llega una autoridad a su despacho. No se trató de un allanamiento", señaló Rugeles.
Según dijoRugeles en su calidad de alcalde encargado, taparon las cámaras porque "personas no autorizadas estaban recibiendo esas imágenes, personas que incluso están privadas de la libertad". Al consultarle quién estaba interesado en ver las imágenes, el alcalde interino señaló a los exalcaldes de esa administración en Santa Marta, específicamente a Rafael Martínez y Carlos Caicedo. "Ellos sacaron tuits con imágenes de esa alcaldía. Eso lo dice todo", aseveró.
Frente a los hechos, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de indagación preliminar a funcionarios en averiguación del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas irregularidades en el operativo llevado a cabo el pasado 6 de abril en las instalaciones de la Alcaldía de Santa Marta.
El jefe del Ministerio Público explicó que la decisión se tomó con el fin de determinar si la DNI recibió solicitud de la alcaldía pidiendo practicar alguna diligencia de inspección y registro, allegar el acto administrativo que enmarque ese tipo de autorización y puesta en marcha del operativo, e identificar el personal que participó.
La Procuraduría General señaló que busca “determinar si la DNI está facultada para realizar, en las condiciones que se llevaron a cabo las diligencias del pasado sábado 6 de abril en el despacho de la alcaldía de Santa Marta, si el operativo observó el procedimiento de rigor para examinar los equipos electrónicos, y si se dejaron constancias escritas o registros fílmicos de dicho operativo”.
Así mismo, ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de certificar, entre otros, la vinculación de Emiro Castro, de quien se solicitó las copias de su nombramiento, posesión o certificado de cualquier otro tipo de vinculación con la administración de la capital de Magdalena.
El Ministerio público busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los acontecimientos y determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias.
Estas fueron las imágenes objeto de controversia, presentadas en su momento por Noticias Uno
