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La Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se establece el Presupuesto Anual de Rentas, Ingresos, Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal de 2026. La propuesta asciende a $40,4 billones y dará inicio al proceso de discusión en el cabildo distrital durante las próximas semanas.
Cifras para inversión
Según lo presentado, el proyecto contempla que el 80,6% de los recursos se destine a inversión, mientras que el 13% será para funcionamiento y el 6,4 % para el servicio de la deuda. Esto representa un incremento del 4,5 % frente al presupuesto aprobado para 2025 y busca garantizar la continuidad de los programas establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá camina segura.
¿Cuáles son los sectores que se tienen en cuenta en este proyecto?
La propuesta prioriza sectores considerados estratégicos para el desarrollo de la capital. Entre ellos se destacan movilidad, educación, salud, integración social y hábitat, áreas que concentran la mayor asignación de recursos. De acuerdo con la Administración Distrital, estas inversiones permitirán avanzar en infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional, siguiendo los lineamientos de eficiencia y austeridad establecidos en el Decreto 062 de 2024.
Junto con el proyecto presupuestal, la Secretaría Distrital de Hacienda también presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026–2036, un documento técnico que recoge las principales proyecciones económicas y financieras del Distrito para la próxima década. Este instrumento orienta las decisiones fiscales a mediano plazo y considera los riesgos y tendencias económicas a nivel nacional e internacional.
Pese al contexto económico de los últimos años, la Alcaldía afirmó que Bogotá mantiene una situación fiscal sólida y un crecimiento económico por encima del promedio nacional. Según la Administración, la inversión en infraestructura, programas sociales y educación continúa siendo uno de los motores del desarrollo de la ciudad, mientras la disciplina fiscal garantiza el manejo responsable de los recursos públicos para los próximos años.
