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Como consecuencia de un trabajo articulado de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación, Estructura de Apoyo (EDA) y la empresa Air-e, 19, algunos usuarios podrían ir a prisión por contratar a la banda de 'Los Tarjeteros Electrónicos' para alterar el registro de la energía en los medidores.
En el marco de la investigación, se estableció con fuentes humanas, inspecciones e interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por un juez de la República, que los usuarios implicados tenían sus medidores manipulados con tarjetas electrónicas, luego de contratar estos servicios con la reconocida banda 'Los Tarjeteros Electrónicos', cuya captura y desarticulación se produjo recientemente.
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Dentro del proceso que dejó al descubierto la banda, se fue más allá y llegó hasta los usuarios del servicio que contrataron este fraude; la investigación logró determinar que los clientes, William Galindo en el barrio San Isidro, Franky Eljach en el barrio Delicias, Nicolasa Hoyos en el barrio Modelo, Álvaro Navarro en el barrio Campo Alegre y Jorge Duarte en el barrio Rosario, todos ubicados en el Distrito de Barranquilla.
En la investigación se estableció la forma cómo se contactó y se “negociaron” los servicios de los tarjeteros para que le manipularan los medidores y así evadir el pago del consumo real del servicio de energía en sus predios.
Frente al proceso legal, a los cinco usuarios se les formuló escrito de acusación por el delito de defraudación de fluidos y pueden pagar pena de cárcel hasta por seis años.
Frente a esta situación, la secretaria General de Air-e, Soleine Mosquera Vertel, aseguró que en este caso no solo están procesados los que manipulan los medidores, sino también a los usuarios que contratan este tipo de servicios ilegales.
“Esperamos se aplique todo el peso de la ley en este caso porque hay usuarios que insisten en robar la energía mediante cualquier modalidad, lo que a todas luces es una conducta reprochable porque afecta la calidad del servicio, pone el peligro la vida y la integridad de las personas y los bienes, incrementa la tarifa de energía y atenta contra el principio de solidaridad que rige el servicio público domiciliario de energía eléctrica, puesto que con ello se evade su pago”, dijo.
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Agregó que por fuera de estas cinco personas existen otros clientes vinculados a esta investigación, quienes seguramente serán procesados por la Fiscalía.
La Fiscalía continua, con el apoyo de la empresa Air-e, investigando múltiples casos de fraude que contribuyan a controlar esta práctica común en la región.
