Colombia adopta nueva estrategia para regular la inteligencia artificial

La IA se estableció como una herramienta clave para la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la sostenibilidad.
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La IA se estableció como una herramienta clave para la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la sostenibilidad. Crédito: Freepik

El Gobierno Nacional aprobó en las últimas horas el documento que establece la política Nacional de Inteligencia Artificial que se ejecutará en el país en el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

Con este avance, Colombia definió un marco estratégico para el desarrollo y la adopción ética de la Inteligencia Artificial (IA), abordando sus beneficios y riesgos, con el objetivo de impulsar la transformación social, económica y ambiental del país.

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La IA se estableció como una herramienta clave para la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la sostenibilidad, permitiendo afrontar desafíos estructurales de manera inclusiva y centrada en las personas, beneficiando especialmente a las regiones más vulnerables.

"Para nuestro gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es crucial evitar que la falta de acceso, uso y apropiación de tecnologías, como la Inteligencia Artificial, profundice las desigualdades. Con esta nueva política de IA no solo se abre una nueva era de innovación y progreso en Colombia, sino que también se plantea un desarrollo equitativo y justo en nuestra sociedad", dijo el director de Planeación Nacional, Alexander López.

Para alcanzar este propósito, la Política Nacional de Inteligencia Artificial se estructuró en seis ejes estratégicos:

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  1. Fortalecer la gobernanza y ética en los sistemas de IA.
  2. Mejorar la infraestructura tecnológica y gestión de datos.
  3. Fomentar la investigación y la innovación.
  4. Desarrollar capacidades y talento en IA.
  5. Establecer medidas para mitigar riesgos asociados.
  6. Promover la adopción de la IA en el sector público y privado.

El período de implementación de esta política se fijó entre 2025 y 2030, la iniciativa tomó en cuenta los posibles efectos sobre el empleo, la seguridad digital y la equidad social, así como los beneficios en sectores como la salud, la educación y la energía.


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