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La Fiscalía General de la Nación reportó que en los dos últimos años los jueces de la República han emitido un total de 1.759 sentencias condenatorias, contra personas que hacían parte de entramados de corrupción en el país.
De acuerdo con los registros judiciales, en desarrollo de las investigaciones se han adelantado 10.490 imputaciones por distintos delitos asociados a la contratación irregular, la malversación de los recursos públicos y conductas que atentan contra la moralidad administrativa.
Asimismo, atendiendo las pruebas recolectadas por los agentes de Policía Judicial y los argumentos expuestos por la Fiscalía, los jueces han encontrado méritos suficientes para emitir 2.488 medidas de aseguramiento contra implicados en estas conductas delictivas.
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El fiscal general, Francisco Barbosa, indicó que se han usado mecanismos para perseguir los activos de las personas involucradas en entramados lícitos que han puesto en peligro los recursos públicos, la administración de justicia y la moralidad administrativa.
Para este fin, Barbosa precisó que la estrategia de la Fiscalía está encaminada a "la persecución de los bienes de los delincuentes, no porque se esté persiguiendo solamente el delito del narcotráfico, sino todos aquellos que estén atados a cualquier acción de la delincuencia”.
El reporte de la Fiscalía indica que en el transcurso de las diligencias de ocupación con fines de extensión de dominio ha sido posible el embargo de propiedades y activos ilícitos por un monto superior a los 22 billones de pesos, por casos asociados a hechos de corrupción y actividades de narcotráfico y minería ilegal.
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Agregó que la misión de combatir la corrupción se mantiene si los delincuentes intervienen en los procesos electorales.
“Nosotros los perseguiremos porque en la Fiscalía no hay ningún punto de vista, ni tiempos, ni territorios vedados en la lucha contra la criminalidad ni contra la corrupción”, añadió Barbosa.
