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En un escrito de 13 hojas, la Red de Veedurías formuló una queja formal por la posible irregularidad en la designación del contralor municipal, así como la posible convocatoria a una consulta popular que podría ser ilegal.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, solicitó en el escrito radicado el pasado viernes ante el Ministerio Público, que se adopten las medidas preventivas a fin de evitar un fraude en los mecanismos de participación ciudadana, donde a través de una consulta popular sobre temas mineros se conllevaría a una afectación del patrimonio público que podría llegar a los 10 mil millones de pesos.
“Se advierte que la comunidad y en general la población termina siendo instrumentada, a través de mecanismos de participación ciudadana con claros réditos políticos y malas prácticas de Gobierno que incluyen gastos innecesarios e inexplicables cercanos a los 10 mil millones de pesos, para una eventual convocatoria sin cabida constitucional, desvalorizando los alcance reales y potenciales de la participación ciudadana”.
Agregó que hay acciones preventivas del Ministerio Público en este sentido y por eso se deben tomar acciones de inmediato.
“Existen varias pronunciamientos preventivos de la Procuraduría General de la Nación, en los que se precisa las funciones y extralimitaciones del funcionario público electo por elección popular, donde se dejan claras las reglas de juego que limitan lo que se puede o no hacer, como el caso del llamado contralor de bolsillo o las inversiones millonarias que se pretenden aprobar en ese cabildo con claros fines políticos, evidenciados en la formulación de las peticiones escritas del burgomaestre de esa ciudad, dirigidas al cabildo”.
Finalmente, la Red de Veedurías anunció que estará en Ibagué la próxima semana, radicando nuevas denuncias y acciones de advertencia por el mismo caso.
