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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra varias EPS por las posibles irregularidades detectadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización del año 2020, emitido por la Contraloría.
El organismo explicó que la medida busca verificar el uso y destino de los recursos destinados a servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos.
La delegada para la Economía de ese organismo, inició el proceso para investigar cómo se administraron los dineros girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) durante el año 2020.
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La Procuraduría se enfocará en determinar si las EPS actuaron en conformidad con las normativas que rigen el uso de estos recursos, así como en esclarecer si se aplicó correctamente el principio de anualidad en materia presupuestal.
El objetivo de esta actuación disciplinaria es identificar a los posibles responsables de cualquier irregularidad, determinar la ocurrencia de conductas que puedan ser consideradas como faltas disciplinarias y establecer si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El organismo ha puesto su atención puesta sobre la recursos de salud y los informes de la Contraloría, pues a inicios de septiembre envió una carta al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, por presuntas insistencias por 6 billones de pesos que habrían detectado en en un informe sobre el mando de estos recursos en salud.
Igualmente, la Procuraduría cuestionó que se destacaran gastos en pago de deudas de antes anteriores con recursos de las UPC, pero los delegados de la Procuraduría consideraron que no había relación con respecto a las leyes vigentes y los gastos detectados.
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Pese a las consideraciones, el organismo tendrá en cuente la información suministrada por la Contraloría para determinar quiénes son los presuntos responsables de esas insistencias y decidir si son objeto de sanciones disciplinarias.
