Procuraduría abre investigación contra rector (e) de la Universidad del Atlántico

También serán investigados tres funcionarios de la institución, por presunto desacato a una suspensión disciplinaria.
Referencia Universidad del Atlántico.
Referencia Universidad del Atlántico. Crédito: Universidad del Atlántico.

La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de una sanción impuesta al entonces rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Ángel Castillo Pacheco, por hechos que habrían ocurrido durante el año 2025.

La actuación de ese organismo se origina en una suspensión por cuatro meses, impuesta mediante fallo de segunda instancia del 21 de febrero de 2025, la cual, según la Procuraduría, no habría sido ejecutada pese a encontrarse en firme.

El rector (e) habría ejercido funciones pese a estar suspendido

De acuerdo con la investigación preliminar, Castillo Pacheco habría continuado ejerciendo como nominador, ordenador del gasto y máxima autoridad académica de la Universidad del Atlántico, aun cuando estaba vigente la sanción disciplinaria impuesta por el Ministerio Público.

Para la Procuraduría, esta conducta podría constituir una grave infracción al régimen disciplinario, al desconocer una decisión adoptada por el ente de control en segunda instancia, lo que reviste especial gravedad por tratarse del máximo directivo de una institución pública de educación superior.

Otros tres funcionarios también bajo la lupa

Como consecuencia de dichos hechos, la Procuraduría ordenó abrir investigación disciplinaria contra los siguientes altos funcionarios de la Universidad del Atlántico:

  • María Andrea Bocanegra Jiménez, jefa de la Oficina Jurídica.
  • José Waldir Hoyos Franco, jefe de Control Interno Disciplinario.
  • Salomón Elías Mejía Sánchez, jefe de Talento Humano.

Según el organismo, esos funcionarios no habrían certificado la ejecución de la suspensión, ni tampoco el pago correspondiente en caso de que la sanción hubiese sido convertida en salarios, como lo permite la normatividad vigente en determinados eventos.

Respuesta oficial de la Universidad del Atlántico

En atención a una solicitud formal de la Procuraduría General de la Nación, la Universidad del Atlántico informó que la sanción disciplinaria no se materializó, razón por la cua, no fue posible establecer con precisión las fechas de inicio y finalización de la suspensión impuesta al entonces rector.

Adicionalmente, la institución señaló que no se expidieron actos administrativos que dieran cuenta del cumplimiento de la sanción, lo que, a juicio del Ministerio Público, constituye un elemento relevante dentro de la investigación en curso.

Presuntas fallas en los controles internos

Para la Procuraduría, los hechos podrían evidenciar fallas en los mecanismos de control interno de la Universidad del Atlántico, especialmente en áreas estratégicas como la Oficina Jurídica, Talento Humano y Control Interno Disciplinario, responsables de velar por la correcta ejecución de decisiones administrativas y disciplinarias.

El organismo busca establecer si existió negligencia, omisión o permisividad por parte de los funcionarios investigados, lo que habría facilitado que la sanción no se cumpliera en los términos ordenados.

Objetivo de las investigaciones disciplinarias

La Procuraduría indicó que estas actuaciones disciplinarias tienen como finalidad verificar la ocurrencia de las conductas denunciadas, establecer si estas configuran faltas disciplinarias y determinar la eventual responsabilidad individual de cada uno de los investigados.

De comprobarse las irregularidades, los funcionarios podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones, hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de los hechos y del grado de responsabilidad que se establezca.

Nuevas alertas en la comunidad académica

El proceso ha generado inquietud en la comunidad universitaria y la opinión pública, al tratarse de presuntas irregularidades en el cumplimiento de decisiones adoptadas por un organismo de control del Estado.

La Procuraduría continuará con la práctica de pruebas y actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, mientras la Universidad del Atlántico permanece bajo la lupa de los entes de control, en un caso que podría tener repercusiones administrativas y disciplinarias de alto impacto.


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