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El presidente Gustavo Petro aseguró que su decisión es “liquidar Air-e” con el objetivo de que sus activos permitan crear una empresa pública conjunta en la región Caribe. Esta compañía es la encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y actualmente está intervenida por el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024.
El mandatario también propuso que el Congreso autorice a Ecopetrol para generar energía eléctrica para el público, dentro del programa Colombia Solar, el cual —según indicó— cuenta con 8 billones de pesos aprobados para expandirse en la región Caribe. Además, planteó que las regalías podrían financiar proyectos de energías limpias, aunque insistió en que la nueva empresa debe tener carácter nacional para garantizar la inversión.
Frente a este escenario, surgen varias inquietudes sobre los efectos de esta medida, tanto en el corto como en el largo plazo, especialmente porque coincide con el Fenómeno de El Niño. Para analizar este panorama, el presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda, se pronunció en entrevista con La FM Fin de Semana sobre el anuncio del Gobierno y explicó sus posibles implicaciones en la prestación del servicio de energía en la región Caribe y en el país.
Durante la entrevista, Castañeda señaló que la decisión generó preocupación en el sector. “Recibimos con mucha sorpresa la liquidación”, afirmó, y agregó que la medida “tiene un tono de ilegalidad”.
¿Qué implicaciones tiene la liquidación de Air-e?
El dirigente explicó que una liquidación tendría efectos inmediatos sobre la operación. “Todo se suspende”, indicó, al referirse a la imposibilidad de que la empresa continúe prestando el servicio de energía, comprando o vendiendo electricidad.
Según precisó, esto impactaría a la región Caribe. “Se pone en riesgo la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, afirmó, al mencionar una cobertura cercana a 1.3 millones de hogares.
Castañeda señaló que una eventual sustitución del operador requiere condiciones específicas. “Tiene que ser una empresa idónea, capaz, con trayectoria”, dijo, al explicar que no cualquier compañía puede asumir la operación.
También advirtió sobre las limitaciones del sistema actual. Indicó que las empresas públicas disponibles “son pequeñas” y no cuentan con el músculo financiero para asumir una operación con pérdidas mensuales entre 150.000 y 200.000 millones.
En cuanto a las deudas, explicó que el problema se agrava con la liquidación. “Estás dejando un cascarón con esas deudas ahí”, afirmó, al referirse a obligaciones cercanas a 2,5 billones de pesos con el sector eléctrico.
Agregó que una parte significativa corresponde al sector térmico. “Nos pusieron a darle energía esperando que nos pagaran”, señaló, al explicar la acumulación de compromisos financieros.
¿Cómo impacta esta decisión al sistema eléctrico nacional?
El presidente de ANDEG sostuvo que el problema no se limita a una región. “El problema no es solo de Air-e ni de la región Caribe, es un problema nacional”, afirmó, al explicar la interconexión del sistema eléctrico.
Según explicó, la falta de pago afectaría a las plantas térmicas. “Estaban esperando que se les pagara para comprar combustibles”, dijo, al advertir sobre el impacto en el respaldo energético.
Castañeda relacionó este escenario con el fenómeno del Niño. “Es cuando prendemos las plantas térmicas”, indicó, al explicar la importancia de estas en periodos de baja generación hídrica.
Además, mencionó el costo operativo del sistema. “Mantener el parque térmico un mes vale 1,5 billones de pesos”, afirmó, al dimensionar el impacto financiero.
En ese contexto, advirtió sobre posibles consecuencias. “Se nos vuelve un problema de racionamiento”, señaló, al indicar que el riesgo podría extenderse a todo el país. El dirigente explicó que la situación responde a factores estructurales. “Esto es un asunto estructural”, afirmó, al referirse a las dificultades históricas del servicio en la región Caribe.
Indicó que existen condiciones particulares en esa zona. Mencionó niveles de pobreza superiores al 60% y que el 92% de la informalidad eléctrica se concentra allí. También cuestionó la gestión reciente. “No se ha hecho nada en 20 meses”, señaló, al referirse al periodo de intervención de la empresa.
Según explicó, la falta de información limita el diagnóstico. “No hay estados financieros públicos”, indicó, al advertir sobre la dificultad de tomar decisiones. Planteó la necesidad de medidas inmediatas. “Se deben tomar decisiones de corto plazo para evitar que el país se apague”, afirmó.
Entre ellas, mencionó la importancia de atender las obligaciones. “Honrar la deuda o saldar la deuda”, concluyó, al referirse a una condición para garantizar la continuidad del servicio.
