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En Colombia, personas inocentes pueden pasar meses o incluso años privadas de la libertad por errores judiciales, suplantaciones de identidad, o fallas en la valoración de pruebas.
Frente a este problema, una iniciativa académica colombiana creada en 2007 busca identificar y corregir condenas injustas dentro del sistema penal.
El programa denominado 'Proyecto Inocencia' está impulsado desde la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán y funciona como un espacio de litigio estratégico y análisis interdisciplinario en el que docentes, estudiantes y especialistas revisan expedientes de personas que aseguran haber sido condenadas o procesadas sin haber cometido delito.
Detectar errores judiciales
El objetivo es detectar errores procesales, aportar nuevas pruebas y activar herramientas jurídicas que permitan revisar decisiones judiciales.
A diferencia de iniciativas tradicionales de asesoría legal, el proyecto incorpora herramientas de ciencia forense y análisis técnico, lo que permite contrastar pruebas, revisar procedimientos de identificación, evaluar peritajes y analizar posibles fallas en los procesos de investigación y juzgamiento.
El programa ha recibido cerca de 8.000 solicitudes de revisión de casos. De ese total, alrededor de 3.500 han derivado en procesos activos y 17 ciudadanos que era inocentes de los delitos que se les endilgaba, lograron recuperar su libertad, tras varios meses y hasta años detenidos.
Actualmente, el equipo mantiene más de 60 casos en etapas de revisión, tutela o acciones judiciales extraordinarias.
En diálogo con Bienestar FM, Francisco León, director del programa, señaló que el trabajo busca ir más allá del ejercicio académico y convertirse en una herramienta real de acceso a la justicia.
“La academia tiene un papel clave cuando el sistema falla. Nuestro trabajo consiste en revisar con rigor jurídico y científico aquellos casos donde existen indicios de errores judiciales que pueden haber afectado la libertad de una persona”, señala.
Un problema que persiste en el sistema judicial
La necesidad de iniciativas como esta responde a una realidad documentada en el país. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reportó más de 15.000 procesos por privación injusta de la libertad hasta diciembre de 2019.
Aunque esas cifras no diferencian cuántos casos corresponden a personas inocentes, sí evidencian la magnitud del fenómeno y los costos humanos y judiciales asociados a las decisiones erróneas.
Causas más frecuentes
León explicó que entre las causas más frecuentes aparecen identificaciones equivocadas, pruebas deficientes, o suplantaciones de identidad.
Uno de los casos recientes que refleja este tipo de situaciones ocurrió el 4 de junio en Turbaco, Bolívar, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito ordenó la liberación de Rodrigo José Rodríguez Canoles, quien había sido condenado por porte ilegal de armas.
La investigación posterior determinó que el hombre había sido víctima de suplantación de identidad. Según las indagaciones judiciales, un primo suyo habría utilizado su nombre al momento de ser capturado, para encubrir su propia responsabilidad.
El proceso incluyó un análisis pericial que comparó características físicas del capturado con las del verdadero Rodríguez Canoles.
El informe concluyó que existía un 90 % de disimilitud entre ambos, además de una diferencia clave: el detenido inicialmente tenía un tatuaje de un pescado en la pierna izquierda que el hombre condenado nunca tuvo.
Con base en esas pruebas, el juzgado ordenó su liberación inmediata y dispuso investigar penalmente a Jhon Jairo Almanza Rodríguez por los delitos de fabricación de armas y suplantación personal.
Justicia restaurativa y reparación
Más allá de la liberación de personas inocentes, el enfoque del programa apunta a una dimensión más amplia de justicia restaurativa, en la que se reconozca el daño causado por errores judiciales y se promuevan mecanismos de reparación.
Francisco León aseguró que para los investigadores del proyecto, cada expediente representa una historia personal interrumpida por fallas institucionales que pueden tener consecuencias profundas en la vida de quienes las padecen.
Concluyó que la iniciativa demuestra que el rol de las universidades puede ir más allá de la formación profesional y convertirse en un actor activo en la defensa de derechos fundamentales.
