La FM en Google News
La salud mental y la protección de los niños, niñas y adolescentes indígenas en Medellín encendieron las alertas de la Personería Distrital. El Grupo Especial de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados advirtió sobre un conjunto de situaciones que están afectando a esta población y que, según la entidad, requieren una respuesta institucional prioritaria, continua y con enfoque intercultural.
La Personería emitió una Alerta Institucional dirigida a diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía, entre otras entidades, ante las afectaciones psicosociales y de salud mental identificadas en niños, niñas y adolescentes indígenas.
La alerta no se limita a los casos relacionados con salud mental. También pone sobre la mesa situaciones de violencia sexual, violencia intrafamiliar y basada en género, explotación sexual comercial de menores de edad, mendicidad, trabajo infantil y permanencia prolongada en calle.
Salud mental y violencia: las principales preocupaciones
Uno de los puntos que más preocupa a la Personería es la activación de rutas de atención por situaciones de violencia sexual, identificadas mediante el denominado Código Fucsia, así como los casos relacionados con conducta suicida y otras emergencias de salud mental.
De acuerdo con el Grupo Especial de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados, el 65 % de los Códigos Fucsia corresponde a niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas, entre ellas integrantes de la comunidad Embera Katío.
La entidad advierte que esta cifra podría no mostrar toda la dimensión del problema. Entre las dificultades para conocer los casos están las barreras de idioma, el temor de algunas víctimas y familias a acudir ante las autoridades y las diferencias culturales que pueden dificultar la denuncia y el acceso a las rutas institucionales.
El personero delegado Elkin Eduardo Gallego Giraldo explicó que la situación incluye múltiples vulneraciones de derechos y un aumento de los intentos de suicidio.
“Existe una serie de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas”, señaló Gallego Giraldo, al referirse a los casos identificados por la Personería.
La Personería pide una atención que vaya más allá de la crisis
La entidad advierte que uno de los principales problemas es que la respuesta institucional no puede quedarse únicamente en el momento en que ocurre una emergencia. Según la Personería, también debe existir seguimiento posterior, acompañamiento a las familias y coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en cada caso.
Entre las barreras identificadas están las dificultades para garantizar atención psicológica y psicosocial especializada, la falta de continuidad en algunos procesos por cambios de profesionales y contratos, la insuficiente mediación intercultural y la débil articulación con las autoridades indígenas.
Por eso, la Personería recomendó fortalecer la ruta de salud mental, mejorar los mecanismos de interpretación y mediación intercultural, fortalecer la prevención de las violencias y garantizar acompañamiento a las instituciones educativas.
También pidió que cada caso tenga responsables definidos, seguimiento y cierre, además de información desagregada que permita conocer con mayor precisión las situaciones que afectan a esta población.
La Alcaldía de Medellín cuenta actualmente con estrategias de atención psicosocial para población indígena y con programas de protección para niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones como vida en calle, trabajo infantil y explotación sexual.
La Personería insiste en que el enfoque diferencial no puede convertirse en una barrera para proteger a un menor de edad. El llamado es a que las instituciones respondan de manera oportuna, articulada y respetuosa de las particularidades culturales de las comunidades indígenas.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué fue lo que llevó a la Personería de Medellín a emitir esta alerta institucional?
La Personería identificó un conjunto de situaciones que están afectando los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes indígenas en Medellín. Entre ellas aparecen casos de violencia sexual, violencia basada en género, explotación sexual comercial, mendicidad, trabajo infantil y permanencia prolongada en calle. A esto se suman las afectaciones psicosociales y de salud mental, así como un aumento de los casos de intento de suicidio. La entidad considera que el panorama requiere una respuesta coordinada y permanente de las instituciones responsables.
¿Qué significa que haya un alto porcentaje de Códigos Fucsia relacionados con población indígena?
El Código Fucsia hace parte de las rutas de atención frente a situaciones de violencia sexual y permite activar una respuesta institucional para proteger a las víctimas. Según la Personería, el 65 % de las activaciones identificadas corresponde a niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas, incluyendo integrantes de la comunidad Embera Katío. La entidad advierte además que puede existir subregistro, porque las barreras de idioma, el temor a las autoridades y las diferencias culturales pueden hacer que algunos casos no sean denunciados o no lleguen a las instituciones.
¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los niños indígenas para acceder a la atención?
La Personería señala varias barreras: dificultades para acceder a atención psicológica, psicosocial y especializada, problemas de comunicación por diferencias lingüísticas y culturales y una mediación intercultural que todavía resulta insuficiente. También advierte fragmentación entre las instituciones, cambios frecuentes de profesionales y contratos que pueden interrumpir los procesos de acompañamiento. A esto se suma la necesidad de fortalecer la coordinación con las autoridades indígenas y apoyar a las instituciones educativas que atienden a esta población.
¿Qué está pidiendo la Personería a las autoridades para enfrentar esta situación?
La entidad pidió fortalecer las rutas de salud mental y el modelo de atención en salud propia e intercultural, además de mejorar la interpretación y la mediación cultural. También recomendó reforzar la prevención y atención de las vulneraciones de derechos, acompañar a las instituciones educativas y mantener un espacio permanente de articulación entre las entidades responsables. La Personería considera fundamental que cada caso tenga seguimiento, responsables definidos y cierre, y que las familias, los niños, niñas, adolescentes y las autoridades indígenas participen en las soluciones.
