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Este miércoles 10 de octubre se llevará a cabo una marcha nacional en defensa de la educación superior, organizada por profesores, estudiantes y algunos rectores de las 32 universidades públicas del país.
A esta movilización se unieron estudiantes de universidades privadas como la Católica, Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Santo Tomás, Rosario y Externado de Colombia, quienes consideran que las nuevas políticas del Estado están afectando el bolsillo de los jóvenes.
Se prevé que el tráfico de las vías de las principales ciudades del país va a estar congestionado por las decenas de estudiantes que -se espera- salgan a las calles a protestar, especialmente en Bogotá.
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Los jóvenes se citaron en diferentes puntos desde las 10 de la mañana, para que las movilizaciones se inicien entre las 10:30 y 11:00 a.m. en Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Pasto y Florencia.
En Bogotá habrá tres puntos: la Universidad Javeriana (sobre la carrera Séptima). La marcha se unirá a los estudiantes indígenas que los estarán esperando en el Planetario de Bogotá, a pocas cuadras.
El otro grupo estará en la plaza Che, en la Universidad Nacional, quienes tomarán la calle 45 hacia el oriente para tomar la Avenida Caracas hacia el sur.
Por su parte los estudiantes, profesores y el rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, tomarán la Avenida Caracas hacia el sur, para unirse con las universidades Católica, Santo Tomás y, más adelante, con la Nacional.
Las cuatro exigencias por las que van a protestar
1. Las universidades públicas exigen adición de más de 18 billones de pesos para mejorar la calidad educativa.
Según los representantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional, la propuesta de aumento del Gobierno nacional se reduce a un aproximado de $34.000 millones en términos reales para funcionamiento; es decir, solo el 1% que sería insuficiente para cubrir las necesidades de las instituciones.
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Exigen que se establezca un plan de pagos con un mecanismo estable y creciente de los 15 billones de pesos que requieren las IES (Instituciones de Educación Superior) públicas en materia de inversión.
2. A la Ciencia, la tecnología y a la investigación se le debe devolver 700.000 millones de pesos que, según los jóvenes, se les ha quitado por parte del Estado.
“Hace seis años el Gobierno ha venido reduciendo sistemáticamente el dinero que le ha otorgado a este rubro tan determinante para el desarrollo del país", afirmó Jenifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.
Añadió que "esto, con el agravante de que para aparentar cifras ante la OCDE, se han aumentado las becas a costa del presupuesto de los proyectos de investigación”.
3. Créditos sin interés y transparencia con los recursos en las Universidades privadas, pues consideran que se tornaron esas instituciones con ánimo de lucro.
“Está demostrado que el mecanismo para garantizar la educación como derecho es la financiación a la oferta y no a la demanda. En Colombia los créditos educativos no deben ser una obligación sino una opción, para quienes aun teniendo la oportunidad de estudiar gratuitamente en una universidad pública, elijan una universidad privada y un crédito educativo”, dijo Jenifer Pedraza.
Por tanto, consideran que el Gobierno debe dejar de financiar el Icetex quitándole recursos a las universidades públicas, especialmente el del Fondo de Financiación Contingente al Ingreso.
Así mismo, piden que el Icetex rinda cuentas de su funcionamiento de manera transparente. También, que visión como entidad sea promover los estudios de los colombianos aún cuando eso represente pérdidas monetarias para ellos.
4. Aumento de presupuesto para el Sena y la Esap
Consideran que mientras el presupuesto general de la Nación presenta un aumento real de 34% para rubros como el servicio a la deuda, se disminuye el presupuesto de instituciones como el Sena en $290.000 millones y para la Esap en $81.000 millones.
Por lo anterior, exigen un aumento real de $424.000 millones para el Sena que es equivalente a la propuesta inicial de aumento a la entidad y un aumento real del 10% para la Esap, que permita comenzar a resolver sus problemas de infraestructura, vinculación docente y bienestar universitario en todo el país.
