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La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional citó a audiencia pública a tres alcaldes del país, entre ellos, al de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por el aumento del desplazamiento intraurbano y la llegada masiva a la ciudad de víctimas de otras regiones que huyen por los enfrentamientos de grupos armados.
La Personería de Medellín alertó recientemente que 3 mil 400 personas se han desplazado en la ciudad este año, lo que representa un incremento del 20 por ciento.
El personero delegado, Mario Montoya, aseguró que la principal causa es el temor a quedar en medio de los enfrentamientos.
El representante del Ministerio Público indicó que "la principal causa que incrementa el desplazamiento es, indudablemente, la misma confrontación que lideran ciertos grupos armados en la ciudad".
"El temor de la gente hace que se desplace. Las familias sienten miedo de que sus hijos sean reclutados o usados para el tráfico de armas", señaló el funcionario.
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El docente universitario y constitucionalista, Andrés Úsuga, aseguró que la citación busca que el alcalde explique a los magistrados cuáles han sido los factores que han incidido en la problemática y las políticas para contrarrestarlo.
Aclaró que no hay implicaciones legales ni disciplinarias.
"Llaman a los alcaldes para que rindan cuentas de cuáles han sido las políticas públicas de cada municipio con los desplazados y por qué se dan esos incrementos. Pero no tienen ningún tipo de implicación penal o disciplinaria en contra del alcalde o algún funcionario", dijo el académico.
Otro de los fenómenos es la llegada a Medellín de doce mil campesinos este año, provenientes de otras regiones de Antioquia, debido al conflicto armado entre grupos armados.
La audiencia pública de la Corte fue convocada para el jueves 29 de noviembre, a las 8 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Bogotá. Asistirán representantes del Gobierno Nacional, los entes de control del país, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
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Los otros dos mandatarios citados son los de Litoral de San Juan, Chocó; y Tumaco, Nariño. También se convocó a líderes de Catatumbo, Norte de Santander.
Allí se hará seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que hace referencia a las acciones del Estado con la población desplazada y en el cumplimiento de sus derechos a la vida digna, igualdad, trabajo, salud y seguridad, entre otros.
